La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla contra el Estado de Nicaragua, a quien se presume se le violentaron sus “derechos políticos y a la protección judicial”.
El proceso, busca dilucidar la responsabilidad internacional del Estado por dichas violaciones en el marco de su participación política como candidato presidencial en el proceso electoral de 2011 y que el Gobierno de Nicaragua adopte medidas de no repetición e indemnización, entre otras.
De acuerdo con la demanda, después de que Gadea inscribiera su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral (TSE) y que ésta fuera aceptada, él junto a otros candidatos interpusieron un recurso de impugnación ante el Consejo del TSE contra la candidatura del presidente, Daniel Ortega, por considerar que su inscripción era ilegal, pero éste fue declarado, sin lugar el 4 de abril de 2011.
Mantilla, entonces, no pudo presentar un recurso para obtener la revisión judicial de dicha decisión dado que la Constitución establecía que las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no admitían recurso alguno.
Sin embargo, la Comisión plantea en su informe “la existencia de un contexto general en Nicaragua de concentración de poder en el Poder Ejecutivo”, ya que la Carta Magna del país prohibía la reelección presidencial después de ejercer la presidencia durante dos mandatos.
Algo que cambió luego que en 2009 Ortega presentara un recurso de amparo y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinara que la prohibición violaba “el principio de igualdad”.
Lo anterior permitió que Ortega continuara participando desde entonces y hasta hoy de “forma indefinida” en cada elección que se ha celebrado.
Así mismo, la Comisión señaló cómo los distintos organismos que realizaron observación electoral en Nicaragua en 2011 señalaron problemas estructurales en el proceso. En particular, la Unión Europea, que calificó el proceso “como carente de neutralidad y transparencia”.
Ante todo lo anterior, y bajo otros argumentos más, CIDH expresó que no existen “salvaguardas o garantías adecuadas, puede ofrecer algunos riesgos para el sistema de democracia representativa, pilar fundamental del sistema interamericano”.
Además la Comisión plantea que se “vulneró el derecho del señor Gadea de participar en condiciones de igualdad” , tomando en cuenta las circunstancias en que se realizó el proceso electoral de 2011 y que el Estado nicaragüense es responsable por la violación de los derechos establecidos en una serie de artículos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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