Setenta diputados sandinistas que integran la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron el miércoles la orden “Carlos Fonseca Amador”, que será utilizada como reconocimiento para sus simpatizantes y colaboradores.
Durante el debate en la sesión plenaria, el presidente de la Comisión de Educación, José Antonio Zepeda, informó que en futuros actos “masivos” serán condecoradas “las familias militantes de la paz”.
“Reconocemos con esta orden de estado, con esta orden “Carlos Fonseca Amador”, a esas familias que siguen este pensamiento y legado”, expresó Zepeda.
La nueva modalidad de premiación grupal estará enfocada en reconocer la lealtad al movimiento sandinista. “Es importante que todos tengamos esa oportunidad como familia, de reconocer ese esfuerzo colectivo, normalmente las órdenes se dan individuales pero este reconocimiento es colectivo”.
En tanto, el analista político José Antonio Peraza explicó a la Voz de América que la entrega de este reconocimiento es un intento más del gobierno de esconder la realidad que vive el país.
“Es una reacción nuevamente del gobierno de negar la realidad, que aquí hubo un gran proceso heroico donde ellos lograron contener una agresión, un golpe de Estado, están queriendo crear una ilusión, pero es todo lo contrario, es un símbolo de desesperación, de decadencia”, insistió Peraza.
La Asamblea Nacional también dio cuenta en las redes sociales de la creación de la distinción nacional.
La actual coyuntura política en Nicaragua viene precedida de una ola de protestas que estallaron en abril de 2018 contra las reformas a la seguridad social.
El gobierno de Ortega respondió con violencia contra manifestantes, y organismos de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, han cifrado en cerca de 500 los muertos. Ortega y su gobierno refutan que solo han sido 200.
Carlos Fonseca Amador fue el fundador del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Opositores en la Asamblea Nacional votaron en contra del decreto de creación de la orden, al criticar que se trata de una ley sesgada, con intereses partidistas, que violenta la Constitución Política de Nicaragua.
