Nicaragua anunció el jueves su salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas "y de todas sus dependencias" en rechazo a un informe presentado un día antes por un grupo de expertos nombrados por el organismo para investigar los abusos en el país centroamericano durante los últimos años.
El anuncio fue hecho por la vocera del gobierno y copresidenta Rosario Murillo en televisión nacional, quien catalogó el informe de "falso y lleno de calumnias".
"Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y todos sus mecanismos satélites. Estos irrespetuosos mecanismos perdieron su decencia, no los reconocemos", dijo Murillo.
"El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no lo reconoce... son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos, que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos", prosiguió la vocera del gobierno.
El informe presentado un día antes por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua --un comité establecido por Naciones Unidas en 2022 para investigar las violaciones a los derechos humanos del gobierno sandinista en unas masivas protestas de 2018-- reveló la complicidad del Ejército de Nicaragua en la represión a los opositores.
Las protestas en 2018 dejaron más de 300 muertos y miles de heridos y exiliados, según grupos activistas y de derechos humanos.
Murillo catalogó al Consejo de Derechos Humanos como un organismo “colonialista” que “no cumple con la misión por la que fue creado”.
Esta movida del gobierno de Nicaragua de los foros no es única. En noviembre de 2021 el gobierno nicaragüense también anunció su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) la cual se concretó dos años después.
El entonces canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que el organismo era un"instrumento injerencista". El edificio de la OEA fue confiscado posteriormente.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el año 2018 que surgieron protestas antigubernamentales las cuales el gobierno sandinista catalogó como un supuesto "intento de golpe de Estado".
El gobierno de Ortega, que lleva más de 15 años en el poder de forma consecutiva, ha prohibido todo tipo de manifestaciones críticas luego de dichas protestas y ha hecho reformas constitucionales para cercar el espacio a los opositores, según organismos de derechos humanos.
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