Las negociaciones que pretenden paliar la crisis sociopolítica que azota a Nicaragua desde hace un año parecen no avanzar, denunció este martes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante el nuncio apostólico, Monseñor Waldemar Stanisław Sommertag y el delegado de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, ambos testigos y garantes en el diálogo nacional.
Mario Arana, quien es uno de los negociadores en la Alianza Cívica explicó a la Voz de América que el objetivo de la reunión con los diplomáticos fue exponer la falta de voluntad del gobierno del presidente Daniel Ortega para cumplir los acuerdos consensuados semanas atrás, entre ellos la liberación de los considerados presos políticos.
“La reunión trató de manifestarle nuestra preocupación (a los garantes) sobre lo acontecido desde el viernes hasta la fecha. Le entregamos un informe en donde detallamos todos los incumplimientos que han habido y documentamos los mismos”, expresó Arana.
Otro punto que denunció la Alianza Cívica fue la retención de materia prima a los medios de comunicación impresos, así como el derecho a las manifestaciones públicas, que fue prohibido por la Policía Nacional en septiembre de 2018.
Arana también expresó que las negociaciones hasta el momento no tienen sentido que continúen hasta que “se vea la voluntad y el compromiso del gobierno para cumplir los acuerdos”.
“Lo que encontramos más bien es una acumulación de incidencias que realmente es preocupante. Aquí tenemos que darle valor a una mesa de diálogo”, manifestó Arana.
OEA envía experto para reformas electorales
Mientras tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a Nicaragua a Cristóbal Fernández, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de ese organismo para abordar el tema de las reformas electorales a las que se comprometió el gobierno de Ortega. La función de Fernández iniciaría una vez que se reanuden las negociaciones.
Las negociaciones entre el gobierno sandinista y la oposición empezaron en febrero de este año luego de que el mandatario nicaragüense se reuniera con representantes del sector privado. Ortega manifestó en ese entonces que se abriría “un encuentro incluyente, franco y abierto”.
La necesidad de un diálogo nacional en Nicaragua ha sido recomendada por organismos internacionales, así como países de América y Europa.
El fin del diálogo nacional es encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que afecta la nación centroamericana desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega en abril de 2018.
A un año del conflicto más de 300 personas han muerto y miles se han exiliado; así mismo se han clausurado varios medios de comunicación, críticos al gobierno y se han confiscado al menos una docena de ONGs, incluyendo algunas de derechos humanos.
