A diferencia de otras ocasiones, el gobierno Nicaragua ha respondido de forma inmediata tras conocer las sanciones impuestas este martes por Estados Unidos, a la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, esposa del mandatario sandinista Daniel Ortega, así como a Néstor Moncada Lau, quien es el consejero de seguridad de la pareja presidencial.
En un comunicado divulgado por el gobierno, Managua expresó que rechazaba “contundentemente la resolución que con carácter de orden ejecutiva emitió el gobierno de Estados Unidos”, y la catalogó como “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana, contra Nicaragua.”
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo ha sido sancionada por influenciar sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional de Nicaragua, ambas entidades señaladas de haber cometido “graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, según la nota de prensa del gobierno estadounidense.
Dentro de los casos de violaciones de derechos humanos que menciona EE.UU. se encuentra el incendio en el barrio Carl Marx, en Managua, donde una familia completa -incluyendo a dos niños- fueron quemados vivos por estas fuerzas afines al gobierno, de igual forma el Tesoro de EEUU indica que tanto la Policía Nacional como la Juventud Sandinista han sido parte de los "Escuadrones de la Muerte" quienes “han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros”.
En el caso de Moncada, Estados Unidos explicó que éste desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes en nombre de Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresen su oposición al gobierno de Ortega.
Las sanciones establecen que todos los “bienes”, “intereses” y cuentas bancarias de Murillo y Moncada en Estados Unidos “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagado, exportado, retirado o tratado de otra manera”, según la orden ejecutiva.
“El Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense”, dice parte de la misiva divulgada este martes.
Managua por su parte aseguró que continuará lo que llama “legado patriótico” para “reclamar con dignidad (…) la soberanía e independencia” y finalizó llamando “improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas” todas las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos.
Asimismo dijo: “A nombre del Espíritu indomable de todos los Héroes y Mártires que en todos los tiempos han dado sus vidas por una Nicaragua libre, unida, próspera (…) proclamamos que no nos vendemos ni nos rendimos, y que exigimos patria libre, con las banderas y el corazón en alto”.
Murillo y Moncada Lau forman parte de la lista de ciudadanos nicaragüenses sancionados por Estados Unidos.
El primer sancionado fue el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas Reyes, señalado de enriquecerse de manera ilícita. Posteriormente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, y consuegro de la pareja presidencial, luego Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y finalmente Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa
