El gobierno de Nicaragua detuvo el miércoles en horas de la madrugada al dirigente opositor Yubrank Suazo, quien habría sido sacado de su vivienda con "violencia", informó en Twitter el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.
El organismo de derechos humanos agregó en su cuenta de Twitter que este habría sido trasladado a la celdas preventivas de máxima seguridad en Managua, conocida como El Chipote.
Suazo, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, así como de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), ambas organizaciones críticas al presidente Daniel Ortega, había sido detenido por primera vez tras la crisis de 2018, y luego fue liberado en virtud de una ley de amnistía.
El gobierno hasta la fecha no ha informado las causas de su detención. Antes, al menos 40 líderes han sido acusados de delitos de traición a la patria.
Suazo había denunciado días atrás en Twitter la presencia en los alrededores de su casa de sus padres de “un sujeto en moto”. Sus padres viven en la ciudad de Masaya, al sur de la capital.
De igual forma había expresado constantemente su denuncia por el “acoso permanente” al que está siendo sometido un sacerdote local por parte de las autoridades policiales.
El arresto del opositor se da en el contexto de un proceso iniciado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que busca endurecer las leyes como la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo.
Ex funcionario del Poder Judicial advierte nueva escalada de detenciones
El abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán ya había advertido a la VOA que la mayoría de leyes aprobadas en los últimos años han seguido el mismo patrón y se adaptan a las “necesidades represivas del contexto”, por lo tanto no descartó que sean aplicadas a opositores arrestados en el futuro.
“Primero ejecutan de forma práctica los caprichos del Carmen (residencia del presidente Ortega) y después crean los mecanismos o “justificación” legal”, indica Morazán en referencia a los arrestos.
Recientemente habían culminado los juicios contra todos los presos políticos, quienes fueron condenados a penas que oscilan entre 7 y 13 años de prisión.
Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018, a raíz de las protestas contra el gobierno del presidente Ortega.
El mandatario dijo que las manifestaciones fueron un supuesto intento de golpe de Estado en contra de su gobierno, que lleva más de 15 años consecutivo en el poder, que asumió en 2007.
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