Nicaragua ordena salida de Alto Comisionado de ONU para DDHH

El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de Nicaragua del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo de trabajo.

En una carta enviada por el canciller nicaragüense Denis Moncada a la representante regional para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, le solicita que la misión que trabajaba en el país dé por concluida su labor.

Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del Alto Comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes habían levantado, pero que como los mismos han sido removidos, la presencia de la misión ya no es necesaria.

“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”, cita el escrito del canciller nicaragüense.

Según algunos medios de prensa, el gobierno de Nicaragua le dio dos horas al equipo de la oficina de derechos humanos de la ONU para abandonar el país.

Sin embargo, la Voz de América confirmó que eso no es cierto. El equipo de la ONU ya tenia programado terminar su visita oficial al país centroamericano, dijo el canciller nicaragüense. Esa decisión fue anunciada el día 30 de agosto y los miembros de la comisión de derechos humanos saldrán mañana 1 de septiembre.

La salida de Guillermo Fernández Maldonado y su equipo se da dos días después de que presentaran un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua en el que denuncian el abuso de la fuerza, las torturas y atropellos de manifestantes.

En una conferencia de prensa en Managua el pasado miércoles, Fernández Maldonado había anticipado que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo 5 de septiembre y que podría analizar el caso de Nicaragua.

En el informe, la ONU instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias. También describieron detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas.

Ortega rechazó el documento por ser “extralimitado, parcializado y subjetivo”.

A mediados de abril jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.

Más de 300 personas han muerto desde el comienzo de las protestas.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) también creó un grupo para visitar Nicaragua y dar seguimiento a la crisis. Ortega ha dicho que no dejará que ese grupo ingrese al país.