Al menos 158 personas detenidas en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 sufrieron torturas y 113 de ellas fueron víctimas de violencia sexual por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales, reveló una investigación divulgada el viernes por el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”.
El documento, presentado en Costa Rica por Juan Carlos Arce, abogado de esa organización con sede en San José, fue realizado a partir de la recopilación durante dos años de testimonios de víctimas y familiares de detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. También incluye fotografías, videos, denuncias públicas y expedientes judiciales.
“Este informe es posiblemente la mayor sistematización en materia de tortura hecha en la historia de Nicaragua”, dijo Arce en entrevista con The Associated Press.
Según la investigación, de las 158 víctimas de torturas 153 participaron en las protestas de 2018 y 123 fueron amenazadas, asediadas u hostigadas antes de su detención. Se trata de 130 hombres -incluidos dos menores de edad- y 28 mujeres procedentes de 14 de los 16 departamentos del país.
El informe documenta 40 tipos de torturas, entre las cuales destaca la violencia sexual que fue perpetrada contra 113 de los 158 detenidos incluidos en la investigación. Siete de las 28 mujeres fueron víctimas de violación y las restantes de otro tipo de abusos. En el caso de los hombres el documento registró dos casos de violación y 88 abusos sexuales.
Según el texto, otros métodos de tortura aplicados a los prisioneros fueron condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas.
La aplicación de la tortura en Nicaragua fue documentada también por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas (GHREN) que en un informe divulgado en marzo denunció al gobierno de Ortega por “crímenes de lesa humanidad”.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, señaló el experto independiente Jan Simon al presentar el informe del GHREN en Ginebra.
El informe presentado por Arce identificó también un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales afines al gobierno, que actuaron “de forma coordinada” para reprimir y capturar a los manifestantes civiles.
El gobierno de Ortega rechaza todas las denuncias y asegura que la rebelión de 2018 fue un “fallido golpe de Estado” financiado por Estados Unidos y países europeos.
Entre otras formas de tortura aplicadas que dejaron secuelas graves en la salud también se mencionan la privación del sueño y del sol, la disminución de la ingesta de agua y de alimentos, la privación del contacto con familiares y la denegación de atención médica.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde la revuelta de 2018 contra el gobierno de Ortega que fue sofocada por policías y paramilitares y dejó un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos entre 2018 y 2021 y más de 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
Arce destacó que el informe también incluye a los responsables de la tortura ya que revela “158 nombres de perpetradores, incluyendo altos mandos de la policía y del sistema penitenciario”.
“El informe deja en evidencia que estamos ante un Estado que practica la tortura de manera sistemática y generalizada, ya que no quedó un sólo lugar de Nicaragua sin víctimas”, afirmó el jurista, que como la mayoría de los defensores de derechos humanos nicaragüenses fue obligado a exiliarse en Costa Rica.
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