La activista Ana Quiroz perdió la nacionalidad nicaragüense de un momento a otro. Treinta años que vivió en Managua entregados al servicio social no fueron suficientes para que las autoridades le permitieran seguir en el país y fue devuelta a Costa Rica. Todo por haber criticado al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en que repelía las protestas en su contra en 2018.
Aunque la Ley de Nacionalidad señala que una persona nacionalizada como nicaragüense puede perder la misma cuando renuncie a esta o sea reincidente en delitos mayores, en el caso de Quiroz no se dio ninguno de estos hechos.
Su caso “fue totalmente anómalo”, como dijo en su momento el Centro de Derechos Humanos (Cenidh), que denunció que la expulsión de la activista ocurrió de forma exprés, en cuestión de horas, sin acusación ni proceso legal.
“Me citaron a Migración, luego me trasladaron a una perrera, que es una celda encerrada a El Chipote (prisión preventiva), y ahí me tomaron fotos y me sometieron a un interrogatorio por horas. Luego me llevaron a la frontera de Costa Rica, en donde finalmente me entregaron”, rememora Quiroz a la VOA.
Quiroz llegó a Nicaragua desde joven, cuando apenas era estudiante de salud, un poco después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 que depuso al gobierno de Anastasio Somoza.
En ese momento recuerda que había mucho entusiasmo en la región porque se estaba construyendo una nueva sociedad. “Yo quedé convencida de que podía aprender y aportar en ese proceso. Así me comprometí desde joven, en mis años veinte”.
Posteriormente se integró al trabajo social y hacía consultas de salud pública, pero la situación se puso más compleja en su contra cuando se emprendió el activismo feminista.
Quiroz menciona que la vicepresidenta Rosario Murillo había mostrado rechazo hacia este movimiento por haber acompañado a su hija Zoilamérica Narváez durante una denuncia de violación que implicaba a Ortega, pero la forma de vengarse contra ella llegó varios años después.
Lo hizo justamente por su papel en la crisis sociopolítica, cuando Quiroz apareció en la televisión nacional con el rostro ensangrentado, tras haber sido agredida por presuntos simpatizantes del Gobierno.
Meses después de este incidente fue citada a Migración y Extranjería y su temor de ser deportada se dio. “Más o menos sabía lo que me esperaba”, dice Quiroz. Luego fue montada en un vehículo donde iban policías encapuchados que la llamaban “golpista y terrorista”.
“Fue un episodio difícil. Lleno de intimidación”, indica. “Pero yo nunca callé”.
Cuatro años después de su expulsión, Quiroz ve con nostalgia su regreso a Managua y ante la nueva reelección de Ortega el panorama es aún más complejo.
Menciona que desde Costa Rica sigue trabajando con varias organizaciones, que es lo que le ha apasionado desde joven.
“Realmente el pueblo de Nicaragua me ha enseñado mucho, yo le tengo un gran aprecio y agradecimiento. Pero, además, creo que la sociedad nicaragüense está en buena medida en proceso de construirse y hay mucho sobre lo que se puede trabajar. Eso me apasiona, me ha apasionado siempre poder pensar en cosas nuevas, en procesos y en trabajar con la gente. Eso siempre me enamoró, me ha enamorado Nicaragua”, dijo a la VOA.
Sin embargo el caso de Quiroz no ha sido el único, y según defensores de los derechos humanos, en los últimos años el gobierno de Ortega ha hecho cada vez más recurrente el mecanismo de la nacionalidad para expulsar a sus críticos.
Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más enfatiza que esta práctica se ha usado contra religiosos, activistas y todo aquel que disienta con el Gobierno de Ortega.
“El tema de las nacionalidades ha sido un método represivo del Gobierno, que se ampara con la narrativa del injerencismo. Sin embargo, las anulaciones de opositores no se han dado con el debido proceso”, menciona, y subraya que hay un proceso administrativo para eso.
En agosto de 2021, el Ministerio de Gobernación también anuló el pasaporte a la opositora Carmella Amburns, representante del partido Ciudadanos por la Libertad, que fue ilegalizado por el Poder Electoral antes de las elecciones generales de noviembre.
Las autoridades indicaron en su momento que Amburns, quien también es ciudadana estadounidense, se registró “indebidamente”.
Actualmente la opositora se encuentra en Costa Rica luego de habérsele anulado su pasaporte nicaragüense y asegura que desde donde se encuentre seguirá “luchando por librar a Managua de la dictadura”.
“Yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense, un papel es un papel, por lo tanto voy a seguir luchando por Nicaragua. Eso no termina aquí”, dijo Amburns, quien también es conocida como Kitty Monterrey, a la cadena Teletica.
Ana Quiroz comparte el mismo sentimiento por Nicaragua que Kitty Monterrey y cuestiona que mientras a ellas por su postura crítica se les anula su ciudadanía, se les otorga a “criminales y delincuentes”, como tilda a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
“Lamentablemente Nicaragua se ha convertido en un refugio de criminales, como es el caso de Mauricio Funes, de su familia, y de Salvador Sánchez Cerén. Esto realmente habla mal de Nicaragua frente al mundo porque la convierte en lo que fue en su momento las Bahamas, el refugio de narcotraficantes, terroristas, asesinos, violadores”, lamenta Quiroz.
“En eso se está convirtiendo Nicaragua y está al mismo tiempo expulsando, en primer lugar, a miles y miles de ciudadanos nicaragüenses que estaban trabajando y aportando al desarrollo del país y también a personas como yo, que dedicamos más de cuarenta años a aportarle al desarrollo en Nicaragua”, agregó.
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