El gobierno de Nicaragua anunció el martes la excarcelación de 636 personas pero no aclaró si se trata de reos comunes o de opositores que estuvieron involucrados en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
En un escueto comunicado, el Ministerio de Gobernación se limitó a indicar que se trataba de presos detenidos “por distintas razones” que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios y que han sido enviados a su domicilio con el beneficio de “convivencia familiar”, arresto domiciliario.
La cifra es similar a la de detenidos considerados “presos políticos” por la opositora Alianza Cívica y cuya liberación definitiva fue un compromiso asumido por el gobierno de Ortega en las negociaciones realizadas del 27 de febrero al 3 de abril.
Hasta ahora el gobierno ha excarcelado a 200 presos políticos pero lo ha hecho de forma unilateral, dejándolos en libertad condicional y sin que sean parte del acuerdo que debe ser supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según la oposición, la lista de “presos políticos” asciende a unas 700 personas.
Mientras tanto, la policía negó una solicitud presentada por representantes de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza, para realizar una “marcha nacional” en Managua con motivo del primer año de las protestas contra Ortega.
La policía argumentó que las dos personas que presentaron la solicitud “no cumplen los requisitos de ley” y “estuvieron involucradas en graves alteraciones al orden público en las últimas semanas”.
Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el martes al gobierno de Nicaragua “evitar represión durante el aniversario de la insurrección de abril” y expresó su preocupación ante la posibilidad de que “las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta”.
