Los pueblos indígenas padecen una crisis humanitaria y están expuestos a una constante amenaza y clima de violencia provocado por colonos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales, dijo la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Lottie Cunningham.
“Están intimidados y en el perímetro de todas sus comunidades ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia, así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria”, dice Cunningham.
Explicó que “muchos de los colonos son personas que están fuertemente armadas y por eso nosotros le hemos venido solicitando a las autoridades del estado que procedan a la investigación”.
El más reciente ataque supuestamente ejecutado por colonos sucedió el fin de semana en la comunidad Santa Clara, territorio Wangki Twi Tasba Raya, en Waspam, una zona habitada por misquitos.
La líder indígena Susana Marley, mejor conocida como mama grande, relató a la Voz de América que el ataque dejó a una menor de edad herida de bala.
“Estos que llamamos colonos armados desde la montaña rafaguearon a las personas que estaban bañándose en el río, el crike o arroyo y las balas penetraron en la cara de la niña Diajaira Lacayo Wislow, de 15 años”, denunció.
De acuerdo con Susana Marley, la adolescente se bañaba con su familia en el río a eso de las 5:00 de la tarde de este domingo, cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos. Enseguida huyeron, pero una bala alcanzó a la adolescente en su pómulo, y supuestamente destruyó su dentadura.
Marley, expresó que la situación de salud de la menor es delicada y que fue trasladada a un centro asistencial.
La expansión indiscriminada de la frontera agrícola es una las principales razones por las que los colonos pretenden desplazar a los pueblos indígenas.
“Ellos se han establecido y han formado comunidades en medio de la montaña, con grandes potreros. Ellos le llaman a su comunidad Araguas. De allí entran con armas: han quemado casas, iglesias, escuelas y asesinado animales domésticos”, explicó Marley.
Hasta la entrega de este informe, las autoridades policiales no se habían referido a los hechos.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó el ataque e instó al estado de Nicaragua a proteger la vida y la integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la Costa Caribe.
La comunidad atacada fue una de las beneficiadas con la ampliación de medidas provisionales por parte de la CIDH en una resolución publicada la semana pasada. Precisamente, el otorgamiento de esta protección se debe al agravamiento de la violencia en la zona.
La Corte adoptó medidas provisionales a favor de siete comunidades en septiembre de 2016: Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi.
Posteriormente, las amplió para las comunidades Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa y en el 2018, a los defensores de los pueblos indígenas Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman.
Como parte de la información que fue presentada a la Corte, sobre la comunidad de Santa Clara se indica que sus integrantes se encuentran en una situación de riesgo debido a la presencia de colonos en sus tierras comunales, lo cual se ha agravado con hechos como amenazas y el secuestro de algunos de sus pobladores.
