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Negociaciones en Nicaragua concluyen sin acuerdos en democracia y justicia


La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de Nicaragua regresaría a la mesa de negociación, si el ejecutivo muestra voluntad política.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de Nicaragua regresaría a la mesa de negociación, si el ejecutivo muestra voluntad política.

El diálogo entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el gobierno del presidente Daniel Ortega para llegar a acuerdos relacionados al tema de justicia y democracia se concluyó este miércoles. La oposición responsabiliza al mandatario nicaragüense de rehusarse a adelantar comicios presidenciales para resolver la crisis sociopolítica.

En una conferencia de prensa, Carlos Tünnermann, miembro de la oposición expresó que por esa razón se tomarán unos días para “reflexionar” y anunció que este jueves se reuniría con la Cruz Roja Internacional para finiquitar la liberación de los manifestantes detenidos desde el año pasado, dentro de ellos los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, del canal clausurado 100% Noticias.

Carlos Tünnermann, miembro de la oposición en Nicaragua.
Carlos Tünnermann, miembro de la oposición en Nicaragua.

“Hoy se agotó el término que se había fijado y a pesar que se discutió ampliamente el tema de justicia y la democratización y reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes no llegamos a un acuerdo de ninguno de esos dos temas, que son dos puntos claves de la agenda pero sí ya habíamos alcanzado acuerdos sobre la liberación de los presos y se confió en la Cruz Roja Internacional por acuerdo de las partes para que asumiera esa responsabilidad”, dijo a la Voz de América el doctor Tünnermann.

Otro punto en donde la oposición y el gobierno no lograron un consenso fue en el tema de los garantes para el cumplimiento de los acuerdos.

La oposición ha solicitado como garantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Nacionales Unidas, mientras que el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado la propuesta de la Alianza Cívica propone que sean las instituciones estatales, señaladas por organismos internacionales de haber participado en actos represivos durante las protestas.

“Ellos mencionaron la posibilidad que fuera la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua como garante (pero) nosotros consideramos que ha sido una procuraduría poco beligerante… no le vemos ninguna actuación. En consecuencia creemos que no es el organismo indicado. Su misma actuación la ha descalificado”, dijo Tünnermann sobre una de las propuestas de garantes expuestas de forma extraoficial por el gobierno.

Horas antes que se dieran por concluidas las conversaciones, el presidente Daniel Ortega, en una actividad donde participa el cuerpo diplomático, aseguró que para estas negociaciones ”complejas” se necesitan más tiempo.

“Se han logrado tomar acuerdos y siempre una negociación es compleja. Los plazos son un desafío. Es un plazo corto para llegar a acuerdos y esperamos que exista la disposición, la voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones”, dijo Ortega.

A pesar que venció el plazo de las negociaciones, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, están dispuestos a regresar a la mesa de negociación siempre y cuando el ejecutivo muestre voluntad política.

“Necesitamos que el gobierno deje de ser intransigente para continuar el proceso de negociación. Queremos que se hablen de los garantes internacionales porque ese es un tema irrenunciable para nosotros”, asegura Alejandra Centeno, líder universitaria que forma parte de la oposición.

Las negociaciones entre la oposición y el gobierno se retomaron en febrero de este año, luego de que Ortega se reuniera con los principales empresarios del país en presencia de representantes de la Iglesia católica.

La crisis sociopolítica de Nicaragua que este próximo 18 de abril cumple un ano ha dejando 325 muertos, más de 60 mil exiliados y al menos de 800 opositores arrestados por razones políticas, de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos.

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