El juez federal Claudio Bonadío, quien encabezó sonadas investigaciones en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández en lo que la dirigente peronista calificó de un plan de persecución para menoscabarla, murió el martes en Buenos Aires.
Bonadío, quien había cumplido 64 años días atrás, falleció en su domicilio de la capital. La salud del magistrado sufría un fuerte deterioro desde 2019.
El fallecimiento de Bonadío fue lamentado en las redes sociales por la fuerza opositora Juntos por el Cambio que señaló que espera que las causas que llevaba adelante “sigan el ritmo que precisan para que la justicia llegue a tiempo”.
Gregorio Baldón, uno de los abogados de Fernández, dijo en tanto a medios de prensa que “se muere una de las peores partes de la justicia, la más oscura, la de la arbitrariedad y el apriete”.
El magistrado fue uno de los más activos en investigar supuestos casos de corrupción de la administración de Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015 y en diciembre asumió la vicepresidencia del país junto al peronista Alberto Fernández a cargo de la primera magistratura.
Bonadío procesó a la exmandataria en sonadas causas que tuvieron un gran impacto político, como aquella en la que la acusó de ser la líder de una “asociación ilícita” durante su gestión que estuvo integrada por otros funcionarios que recibían sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
También la imputó de fraude y encubrimiento en otras causas judiciales que fueron elevadas a juicio, sin fecha aún de inicio.
La vicepresidenta ha calificado al magistrado de “mafioso y extorsionador” y cabeza de una persecución en su contra impulsada por el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) después de que ella dejó el poder.
Bonadío pidió en 2017 al Congreso que despojara de sus fueros a la entonces senadora para proceder a su detención luego de procesarla por el presunto encubrimiento de los exfuncionarios iraníes acusados del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994. Se basó en la denuncia que había realizado en ese sentido el fiscal Alberto Nisman en 2015 contra la dirigente peronista poco antes de ser hallado muerto de un disparo en la cabeza.
El pedido de desafuero no prosperó en el Congreso y en diciembre pasado un tribunal resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre la exmandataria al considerar que no existían elementos que hicieran pensar que fuera a entorpecer la investigación.
Tampoco avanzó otro pedido de desafuero que realizó Bonadío en septiembre en la causa en la que la expresidenta está imputada como líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos durante su gestión.
Bonadío fue un juez controvertido. Ha sido cuestionado por no haber investigado a los políticos en el ejercicio del poder y haber avanzado contra algunos de ellos cuando lo abandonaron.
También fue reprendido en varias ocasiones por sus superiores por llevar a cabo medidas procesales cuestionables y que estaban al límite de la legalidad.
Bonadío militó en el peronismo durante su juventud y fue propuesto para juez federal en 1994 por el entonces presidente Carlos Menem, de ese mismo signo político.
