El 10 de enero, fecha establecida por la Constitución de Venezuela para la toma de posesión del presidente electo, llega marcado por denuncias de fraude electoral, una escalada represiva y un panorama de miedo e incertidumbre generalizada.
La Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista se prepara para juramentar a Nicolás Maduro, proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio para un tercer mandato, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya publicado resultados disgregados.
Mientras, el excandidato opositor Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo con las actas que recopilaron sus testigos de mesa habría obtenido la victoria, ha dicho que volverá a Venezuela para asumir el cargo.
Estos son algunos momentos clave de la compleja crisis política que viven los venezolanos:
Primaria presidencial opositora
Con más del 92,35 % de los votos (más de 2.200.000 votos) la líder, María Corina Machado, ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada el 22 de octubre de 2023, tras sortear múltiples obstáculos. El gobierno dijo que los resultados fueron fraudulentos.
Machado participó en el proceso a pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, una acción que ella calificó de “inconstitucional” e “ilegal”.
A inicios de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación, lo que fue considerado una violación a los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados por el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que reúne a partidos de oposición.
El acuerdo llevó a Estados Unidos a emitir licencias que flexibilizaron las sanciones contra sectores energéticos clave de Venezuela que fueron posteriormente revocadas por el “incumplimiento” de los compromisos asumidos por el gobierno de Maduro.
Narrativa de conspiraciones y ola de arrestos
En enero de 2024, la oposición comenzó a denunciar arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de líderes sociales y activistas políticos, la mayoría miembros del partido liderado por Machado, que fueron escalando el resto del año.
Las autoridades venezolanas denunciaron presuntos planes conspirativos contra el gobierno, en los que vincularon a la CIA, agentes de inteligencia del ejército de Colombia, entre otros, y empezaron a emitir órdenes de arresto contra dirigentes políticos, sindicales, defensores de DDHH y periodistas.
Actualmente, decenas de activistas y las figuras más visibles de la oposición, incluyendo a Machado, se encuentran en prisión o en la clandestinidad.
Postulaciones de candidatos
En marzo, el CNE anunció que las elecciones presidenciales serían celebradas el 28 de julio. Ese mismo mes arrancó el apretado cronograma e inició el período de postulaciones de candidatos. La oposición denunció trabas gubernamentales para inscribir al sustituto de Machado ante el impedimento para formalizar su candidatura.
Corina Yoris, una reconocida académica y filósofa de 80 años que fue nombrada por la Plataforma Unitaria de la oposición y Machado como su candidata, dijo que sus derechos y los de los venezolanos fueron “conculcados”, porque no se les permitió acceder al sistema para inscribirse.
Edmundo González Urrutia, de 75 años, que había sido inscrito para “guardar el puesto” en una de las tarjetas opositoras hasta lograr registrar a otro candidato, finalmente fue nombrado abanderado de la oposición tras complejas negociaciones políticas y horas de incertidumbre.
Obstáculos para el Registro Electoral y la Unión Europea
La oposición denunció graves irregularidades y trabas relacionadas con el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela.
Más de 21 millones de venezolanos mayores de 18 años estaban convocados a participar en las elecciones, pero más de 4,5 millones no pudieron hacerlo por estar fuera del país y no haber logrado inscribirse o modificar sus datos, ante el incremento de requisitos.
Además, el CNE de Venezuela dejó sin efecto la invitación a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, considerada una especie de "muro de contención" para irregularidades electorales.
Campaña presidencial
Los líderes del gobierno y la oposición recorrieron el país en campaña presidencial, pero con marcadas diferencias. Mientras el gobierno utilizó en sus mítines grandes tarimas y equipos de sonido, la oposición hizo llegar su mensaje a través de camiones en los que disponía algunos altavoces.
Grandes paneles y murales con la imagen de Maduro se veían repetidamente en diversas ciudades, pero las limitaciones que enfrentó la oposición llevó a sus militantes a conformarse con el "boca a boca", las redes sociales y carteles artesanales.
Machado denunció el ventajismo oficial por, entre otros motivos, la imposibilidad de difundir el mensaje opositor a través de medios de comunicación nacionales bajo una creciente censura, mientras el gobierno utilizó sin medida los medios y recursos del Estado.
También denunció atentados en su contra y su equipo, así como una escalada en la persecución contra la dirigencia y todo aquel que le brindara apoyo logístico. Varios hoteles, posadas y restaurantes fueron sancionados y cerrados por el organismo de fiscalización tributaria del país, luego de haber ofrecido sus servicios a miembros de la oposición.
González Urrutia dijo que comenzó a viajar con sus alimentos a las giras de su campaña presidencial para evitar que las autoridades cerraran restaurantes u otros negocios como medida de represalia.
Acreditación de testigos
Cuatro días antes de las elecciones, tras denuncias de impedimentos y trabas, la coalición opositora informó que logró acreditar a todos sus testigos para tener presencia en las 30.206 mesas electorales del país.
Muchos testigos, considerados clave para garantizar la transparencia de los comicios, denunciando irregularidades y obtener copias de las actas con los resultados, denunciaron posteriormente persecución gubernamental.
Día de las elecciones
El 28 de julio transcurrió en relativa normalidad. Pasadas las seis de la tarde, hora en la que debían comenzar a cerrar los centros de votación, comenzaron a surgir denuncias de que muchos permanecían abiertos a pesar de no haber electores en fila.
Por la noche, el CNE dijo haber sufrido un ciberataque contra el sistema de transmisión que habría retrasado la divulgación de resultados (hasta la fecha su página web sigue sin funcionar), y aseguró que Maduro ganó con 5.150.092 votos, mientras que González Urrutia obtuvo 4.445.978 votos.
La oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, no reconoció el resultado y aseguró haber ganado con más del 70 % de los votos.
Protestas y represión postelectoral
El 29 de julio, el CNE proclamó a Maduro como ganador para un tercer mandato. En paralelo se desataron protestas contra los resultados en las que participaron sectores populares. Al menos 28 personas murieron y más de 2.400, entre ellas reconocidos dirigentes políticos, activistas y testigos de mesa, fueron arrestadas.
El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López ratificó la lealtad y “apoyo incondicional” a Maduro y denunció un supuesto intento de golpe de Estado.
Los días siguientes el gobierno y la oposición convocaron a movilizaciones de calle. Machado hizo apariciones en protestas pacíficas tras manifestar temer por su vida y pasar a la clandestinidad.
El Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación penal contra Machado y González Urrutia por haber denunciado fraude y pedir a las fuerzas militares y policiales defender los resultados y no reprimir a los ciudadanos.
Maduro pidió al TSJ, considerado un brazo del Poder Ejecutivo, un peritaje de las elecciones. Días después emitió una sentencia en la que convalidó los resultados divulgados por el CNE.
Organismos como el Centro Carter, que envió una delegación a Venezuela, afirmaron que no podía considerarse una “evaluación independiente”.
El Panel de Expertos Electorales de la ONU desplegado para las elecciones presidenciales afirmó en un informe que inicialmente sería de carácter privado, que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
Instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y la Corte Penal Internacional (CPI), advirtieron que las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios.
Recientemente el gobierno venezolano anunció decenas de excarcelaciones de detenidos durante las protestas, que según las cifras oficiales, ya superan los 1.500.
El exilio de Edmundo González
En septiembre, en medio de denuncias de un asedio policial contra la embajada de Argentina en Venezuela donde se mantienen asilados 5 cercanos colaboradores de Machado, González Urrutia, que estaba resguardado en la embajada de España, solicitó asilo político y viajó a Madrid junto a su esposa.
Previamente la justicia venezolana emitió una orden de arresto en su contra por la publicación de las actas electorales que conservaron sus testigos de mesa.
En Europa González Urrutia ha hecho gestiones diplomáticas solicitando respaldo y, sin precisar cuál será su estrategia, ha insistido en que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República el 10 de enero. Maduro ha dicho que será él quien sea juramentado en el Parlamento de mayoría oficialista.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados.
El líder opositor ha sido recibido por varios presidentes de la región, entre ellos el mandatario de EEUU, Joe Biden, con el que González Urrutia tuvo una larga conversación "muy productiva".
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