Un túnel que los reclusos habían cavado para escapar, paredes y ventanas con impactos de bala y todo tipo de escondites para objetos prohibidos en una de las mayores cárceles de Ecuador quedan como evidencia del dominio que ejercían las organizaciones delictivas en su interior y que las fuerzas del orden dicen haber recuperado.
En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentra el centro de rehabilitación del mismo nombre, a unos 84 kilómetros al sur de Quito. Es una de las tres megacárceles regionales que se inauguraron en 2014 y que están bajo custodia militar. The Associated Press recorrió el jueves tres áreas del recinto, el cual alberga a 4.338 reclusos.
Desde enero —cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró el estado de excepción y un conflicto armado interno— un bloque de seguridad integrado por militares y policías interviene las 35 cárceles del país. Las autoridades aseguran que grupos que califican de “terroristas” orquestaban todo tipo de delitos desde ellas.
Con una serie de recorridos para la prensa por distintas prisiones realizados en los últimos días, las fuerzas del orden intentan demostrar que mantienen el control de los centros que antes estaban en manos de bandas criminales, como lo evidenciaba el ingreso de todo tipo de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos.
Desde 2021 se han registrado más de una docena de masacres en las prisiones ecuatorianas. Un total de 450 reclusos perdieron la vida.
Por ahora, centenas de militares custodian la cárcel de Cotopaxi, a la que ingresaron desde el 14 de enero y que en la actualidad tienen “100% bajo control”, según dijo un jefe militar a cargo, el cual tenía el rostro cubierto y no proporcionó su nombre por razones de seguridad.
El ingreso se hace por grupos. En el primer filtro se efectúa una revisión manual a los visitantes. No hay equipos ni escáneres.
Para llegar a la zona de seguridad media se debe atravesar un patio vacío. Al paso de los periodistas, los reclusos se ponen a gritar desde las ventanas de las celdas.
“¡Tenemos derechos!”, “¡queremos visitas!”, “¡necesitamos beneficios!”, vociferan. Mientras tanto, decenas de militares vigilan con armas largas en los techos.
Al subir las escaleras pueden verse ventanas con impactos de bala, huellas de los enfrentamientos ocurridos en ese lugar desde 2021, cuando se agudizó la crisis carcelaria en el país. En esta prisión hubo al menos tres amotinamientos, y en ellos fallecieron más de 40 presos en total.
Prisioneros con atuendos color naranja limpian con escobas, mientras otros realizan ejercicios bajo las órdenes de los militares.
Acto seguido se pasa a la zona de mínima seguridad, donde se encuentra separada la prisión de mujeres. En un taller de costura unas 15 reclusas trabajan en la elaboración de prendas médicas.
“Esta actividad nos permite rehabilitarnos y mantenernos completamente ocupadas de 8 de la mañana a 9 de la noche”, dice una de las prisioneras, que también evita dar su identidad y cuyo rostro está oculto detrás de una mascarilla. “Mientras más pronto lo hacemos es mucho mejor; nos traen más material para trabajar”.
Al final del recorrido, en el área de máxima seguridad se encuentra un túnel de unos 6 metros de profundidad que habían cavado los presos para huir, pero su intención se frustró cuando empezó a salir agua de la excavación.
Los impactos de bala en las paredes se suman a los agujeros detrás de los conectores de luz, debajo de los inodoros, atrás de las estructuras. En esos huecos se ocultaban todo tipo de objetos prohibidos.
Grandes extensiones de cable, armas blancas, celulares, droga, computadoras y otros objetos han sido hallados en el interior. Las municiones se encuentran hasta en las medias.
Antes de la llegada de los militares “existía una desorganización total”, no había seguridad para los prisioneros, “no tenían las tres comidas al día porque tenían que pagar” para alimentarse, bañarse o tener un lugar donde dormir, relata otro jefe militar, que tampoco proporcionó su nombre.
En contraste, ahora los soldados muestran a los presos ingresando con colchones, ropa y material de aseo que les han llevado sus familiares y que han ingresado tras la inspección.
Antes existían beneficios, pero sólo para ciertos presos, los cuales “mantenían el control de cada etapa y ellos eran los que ponían sus normas y sus leyes”, añadió el militar.
La situación ha cambiado y ahora todos son tratados por igual, señaló, e indicó que las fuerzas armadas permanecerán en el lugar “hasta cuando la patria lo necesite”.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.
Foro