Doce integrantes del Ejército de Colombia reconocieron el lunes, en audiencia pública organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad por 127 casos de falsos positivos -o personas asesinadas que hicieron pasar por bajas en combate- entre los años 2002 a 2005 en Colombia.
La audiencia, que se lleva a cabo entre este lunes y el martes desde Valledupar, se centró en su primera jornada en el subcaso Costa Caribe de militares que pertenecieron al batallón de artillería No. 2, conocido como La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Entre los comparecientes se encontraban coroneles, funcionarios de inteligencia, comandantes de pelotón y soldados que fueron señalados por el asesinato de 127 personas en los departamentos de Cesar y La Guajira.
![Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, a la izquierda, y los comisionados Saúl Franco y Alejandra Miller. [Foto: VOA / Celia Mendoza]](https://gdb.voanews.com/880a9d53-c96f-4a1b-94e4-3e94046432b7_w100_r1.jpg)
Los señalados por la JEP como responsables son Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.
“Acepto mi responsabilidad en asesinar a personas protegidas y de cometer desaparición forzada. Fui encubridor de los paramilitares. Hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército, eran personas que no hacían parte del conflicto armado. Siempre obedecí órdenes de mis superiores, nunca las cuestioné y hoy reconozco que destruí sueños y proyectos de vida”, dijo el soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quién fue el primero en tomar la palabra.
Además de reconocer su responsabilidad en los crímenes que le imputó la JEP, aseguró que el batallón participó en una alianza paramilitar y que varios de los cuerpos de las víctimas fueron transportados sin custodia de las autoridades y que se dio la orden de pasar esas bajas como guerrilleros del ELN.
Durante la apertura de la diligencia, el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, resaltó el trabajo de la Jurisdicción y señalo que esta "está acumulando como ninguna otra instancia en Colombia toda la información, todo el saber sobre el conflicto armado interno y su poder de contrastación es muy importante para resguardar estos espacios".
Las voces de las víctimas
Al inicio de la audiencia, que se extenderá hasta el martes, intervinieron autoridades espirituales indígenas de los pueblos de kankuamo y wiwa, quienes se vieron afectados en los hechos. Además de familiares de los asesinados por los militares, quienes se identificaron uno a uno en el evento.
Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, dijo que este proceso no hubiese sido posible sin un acuerdo de paz. "No hubiese sido posible -sostuvo- si el pueblo wiwa, el pueblo kankuamo, los hermanos campesinos nos levantamos y reclamamos nuestros derechos”.
Por su parte, Jaime Luis Arias, vocero del pueblo indígena kankuamo, manifestó que “el involucramiento de kankuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva del pueblo, sino a una circunstancia y/o parte de la guerra misma, con la finalidad de profundizar un genocidio étnico, tanto físico como cultural. Evidencia de ello, son los más de 400 miembros del pueblo asesinados, decenas de ellos presentados falsamente como bajas en combate".
Por su parte, Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia, explicó cómo su hermano fue engañado al aceptar una propuesta de trabajo, pero jamás regresó a casa. Al ir a buscarlo, incluso fue víctima de abuso, según ella, pero John fue encontrado finalmente en en una fosa común.
“Sí les quiero pedir que cuando reconozcan hablen con nombres propios de los demás responsables. Esa sería para mí una manera de sentir satisfacción”, dijo la mujer.
El magistrado Óscar Parra manifestó a los militares que, durante la audiencia, “lo importante es que reconozcan la imputación que les hizo la Sala. Ello implica reconocer el rol desempeñado en la organización criminal".
La magistrada arhuaca Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, dijo que la audiencia "es un escenario restaurativo donde se mueve el dolor y el sufrimiento, pero principalmente se mueve la verdad que debe contribuir a la sanación y la reconciliación de las víctimas en sus territorios".
En julio de 2021, la JEP imputó a 13 militares y 2 coroneles del batallón La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, por los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Tres de ellos no aceptaron su responsabilidad.
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