Abigail Castillo estaba a punto de cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal cuando escuchó que el presidente Joe Biden estaba deteniendo el asilo. De todos modos, continuó, caminando horas a través de las montañas al este de San Diego con su hijo pequeño, esperando que no fuera demasiado tarde.
“Escuchaba que lo iban a hacer o que lo estaban finalizando”, dijo Castillo, de 35 años, el miércoles mientras ella y su hijo eran escoltados hacia una camioneta de la Patrulla Fronteriza con unas dos docenas de personas más procedentes de Brasil, Ecuador y su pueblo en el estado sureño mexicano de Oaxaca, del cual dijo haberse ido debido a la violencia que lo azota.
Habían perdido el plazo y ahora estaban sujetos a la nueva regla de deportación.
Su sensación de incertidumbre prevaleció entre muchos migrantes después de que Biden invocó poderes presidenciales para detener el procesamiento de asilo cuando las detenciones por cruces ilegales superen las 2.500 en un día. La medida entró en vigor a las 12:01 a.m. del miércoles porque se alcanzó ese umbral.
Dos funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que las primeras deportaciones bajo la nueva regla se concretaron el miércoles, aunque no dijeron cuántas personas fueron deportadas. Los funcionarios hablaron con los periodistas bajo la condición de que sus nombres no se usaran, en conformidad con las regulaciones.
Sergio Franco, quien sostenía a su bebé después de un viaje de casi dos meses desde Ecuador con su familia, caminando a través de la peligrosa región del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, dijo que confiaba en que prevalecería en su súplica para encontrar un refugio seguro en Estados Unidos.
“Mientras nosotros tengamos las pruebas suficientes, no habría problema", comentó mientras subía a la camioneta con Castillo y los demás.
Mientras el grupo se alejaba, varios migrantes de la India se acercaron a la misma área polvorienta cerca de una tienda de armas en el pueblo de Dulzura, uno de varios que han surgido en el último año en las afueras rurales remotas de San Diego para que los migrantes se entreguen a los agentes de la Patrulla Fronteriza. No había agua ni baños y poca sombra.
Varias mujeres guatemaltecas llegaron más tarde. Entre ellas estaba Arelis Alonzo López, quien dijo tener casi de cinco meses de embarazo y haber caminado durante dos noches. Un agente de la Patrulla Fronteriza le preguntó cómo se sentía, a lo que respondió que ya no podía más.
El asilo permanece suspendido hasta que los arrestos diarios promedio caigan por debajo de 1.500 durante una semana seguida. El último mes en que los cruces fueron tan bajos durante tanto tiempo fue en julio de 2020, durante el punto más álgido de la pandemia de COVID-19.
Los migrantes que expresen temor por su seguridad si son deportados serán evaluados por funcionarios de asilo de Estados Unidos, pero bajo un estándar más alto que el que está actualmente en vigor. Si pasan, pueden permanecer para buscar otras formas de protección humanitaria, incluidas las establecidas en la Convención de la ONU Contra la Tortura.
Existen serias dudas sobre si la nueva medida podrá detener las entradas de migrantes a gran escala. México ha aceptado readmitir a los migrantes que no sean mexicanos, pero sólo una cantidad y nacionalidades limitadas. Y el gobierno de Biden no tiene el dinero ni el apoyo diplomático que necesita para deportar a los migrantes a largas distancias, incluso a Ecuador y la India.
En Matamoros, México, que es limítrofe con Brownsville, Texas, Esmeralda Castro, oriunda de El Salvador, temía que la suspensión del asilo impulsara a más personas a competir por los 1.450 cupos otorgados diariamente para ingresar legalmente a través de la sobrecargada aplicación en internet de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP One. Castro, de 40 años, dijo que ha intentado durante nueve meses obtener una cita usando la aplicación.
“Imagine con esto que han hecho pues si se va a colapsar el sistema otra vez”, dijo Castro, hablando en un campamento de migrantes cerca de la orilla del río Bravo (o Grande) donde ha estado viviendo junto con otras 10 personas. La aplicación se ha saturado tanto en ocasiones que los usuarios recibieron mensajes de error y experimentaron otras fallas técnicas.
Juan Daniel Medina, procedente de la República Dominicana, dijo que estaba decidido a seguir intentando con la aplicación CBP One, incluso después de ocho meses de intentos infructuosos para obtener una cita.
“Es la manera correcta porque así hacen todo legal no tienen que estar brincándose el río y así no tienen que ponerles cargos”, comentó Medina, de 30 años.
Dos horas antes de la puesta del sol el martes en San Diego, cuatro autobuses llenos de migrantes fueron dejados por agentes de la Patrulla Fronteriza en un centro de tránsito, para que la mayoría de los migrantes buscaran asilo en uno de los 68 tribunales de inmigración de todo el país.
Los solicitantes de asilo generalmente pueden trabajar mientras sus procesos avanzan lentamente a través de los saturados tribunales de inmigración.
Jesús Gómez, oriundo de Medellín, Colombia, señaló que los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron que él era una de las últimas personas en ser liberadas para buscar asilo y que debería decirles a amigos y familiares en casa que serán deportados si intentan ingresar de manera ilegal. Comentó que no sabía si era cierto.
“Es una cosa muy difícil de manejar”, dijo Gómez, de 49 años, mientras esperaba que su esposa fuera liberada por la Patrulla Fronteriza para después volar a Boston, donde vive su hija.
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