Los delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) en 21 de los 32 estados que tiene México renunciaron a sus puestos sin que hasta ahora hayan sido dadas a conocer oficialmente las razones de su dimisión.
Las renuncias tuvieron lugar en la ciudad de México y en algunos de los estados más sacudidos por la violencia de los narcotraficantes como Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán, pero al informar del hecho la coordinadora de delegaciones de la PGR, Rosa Elena Torres, no precisó los motivos.
No obstante, un comunicado difundido a la prensa por la procuradora general Marisela Morales, indicó que en la actualidad el país “requiere que quienes nos desempeñamos en cargos públicos lo hagamos con entrega total y responsabilidad al servicio”.
Desde que hace cuatro meses asumió como la primera mujer designada al frente de la fiscalía general en México, Morales dijo repetidamente que la depuración del personal de esa institución y la lucha contra la corrupción eran prioridades en su labor al frente de la PGR, un organismo clave en la lucha contra el crimen organizado.
De hecho, 462 empleados de la Procuraduría han sido relevados de sus funciones por irregularidades administrativas y otros 700 se encuentran bajo investigación por sospechas de fraude, abuso de autoridad o robo.
Según un informe divulgado hace apenas dos semanas, en los últimos tres meses se presentaron cargos contra 111 funcionarios de la PGR por delitos como fraude, uso de documentación falsa, abuso de autoridad, y declaraciones falsas.
