El gobierno de México presentó un recurso ante la Corte Federal para el distrito de Arizona que apoya la demanda entablada por un grupo de organizaciones civiles contra la polémica ley migratoria de Arizona.
De esta manera, “México podrá dotar de información al juez de la causa con el propósito de enriquecer su criterio”, informó la cancillería mexicana.
La ley SB1070 de Arizona, que entrará en vigor en julio, le da potestad a policías locales y estatales de detener e interrogar a sospechosos de estar indocumentados en el país, algo que antes estaba reservado para los agentes de inmigración federales.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos argumentan que la ley es discriminatoria, e incentivará a los policías a detener personas según su raza, sus rasgos físicos y el color de su piel.
Lo mismo argumentó la cancillería mexicana al explicar por qué presentó este recurso: “México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”.
El apoyo a la demanda “forma parte de las medidas que continuará emprendiendo el gobierno de México para responder de manera firme e inmediata a cualquier violación a los derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos que se encuentren en Arizona, independientemente de su calidad migratoria”, subrayó la cancillería.
