El Departamento de Justicia de Estados Unidos compareció ante un tribunal federal para presentar una demanda civil contra la oficina del controvertido sheriff de Arizona, Joe Arpaio, y el condado de Maricopa, por su participación en actos "inconstitucionales" contra población hispana.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, la demanda se sustenta en prácticas irregulares como detenciones, requisas y arrestos ilegales en hogares, oficinas e incluso vehículos; además de prácticas correccionales violatorias de los derechos, y persecución a personas, incluyendo jueces, abogados y líderes de la comunidad que se oponían a estas actuaciones.
"La policía debe proteger y servir a la comunidad, no dividirla", declaró en rueda de prensa el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Pérez, cuando anunció la demanda en Phoenix, Arizona.
Mientras el gobierno federal aduce que se trata de un caso de abuso de poder y busca detener estas prácticas discriminatorias, Arpaio se mantiene en afirmar que dichas acusaciones no tienen fundamento y que él sólo cumplía con su deber.
Aunque el Departamento de Justicia ha hecho varios esfuerzos para que Arpaio y su oficina proporcionen información que contribuuya a la investigación, sólo hasta 2010, a través de una demanda se logró acceder a los archivos, aunque muchos documentos han desaparecido misteriosamente.
Arpaio se ha mostrado renuente a implementar acciones para que sus agentes aprendan a realizar este tipo de operativos y a aceptar un monitor porque, según él, anularía su autoridad.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, la demanda se sustenta en prácticas irregulares como detenciones, requisas y arrestos ilegales en hogares, oficinas e incluso vehículos; además de prácticas correccionales violatorias de los derechos, y persecución a personas, incluyendo jueces, abogados y líderes de la comunidad que se oponían a estas actuaciones.
"La policía debe proteger y servir a la comunidad, no dividirla", declaró en rueda de prensa el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Pérez, cuando anunció la demanda en Phoenix, Arizona.
Mientras el gobierno federal aduce que se trata de un caso de abuso de poder y busca detener estas prácticas discriminatorias, Arpaio se mantiene en afirmar que dichas acusaciones no tienen fundamento y que él sólo cumplía con su deber.
Aunque el Departamento de Justicia ha hecho varios esfuerzos para que Arpaio y su oficina proporcionen información que contribuuya a la investigación, sólo hasta 2010, a través de una demanda se logró acceder a los archivos, aunque muchos documentos han desaparecido misteriosamente.
Arpaio se ha mostrado renuente a implementar acciones para que sus agentes aprendan a realizar este tipo de operativos y a aceptar un monitor porque, según él, anularía su autoridad.
