Lejos de poner su firma, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, debería vetar las dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional para regular los contenidos en internet y dar más control al Estado sobre las telecomunicaciones, sostiene un comunicado dado a conocer por el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ).
La posición expresada por la organización con sede en Nueva York, condenando las leyes aprobadas por el legislativo venezolano a iniciativa del propio presidente Chávez, se suman a otras que señalan que las propuestas ponen en peligro la libertad de expresión y obligarán a los medios a autocensurarse.
“Estas reformas aprobadas sin ningún debate, representan un claro intento por parte del gobierno de Venezuela de endurecer las medidas que aplica contra los críticos y los medios independientes”, dijo Carlos Lauría, el coordinador de programas del CPJ. “Condenamos estas leyes y creemos que si no son vetadas, la democracias y la libertad de expresión en Venezuela sufrirán un serio revés”.
Las reformas a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y a la Ley de Telecomunicaciones, incluye nuevas limitaciones a internet y harán más estricto el control sobre las radios y televisoras, entienden los observadores.
"El gobierno pretende pasar una gran cortina que impulse a los medios independientes a autocensurarse por miedo, y pone en peligro el derecho de los usuarios a usar libremente internet", declaró a la agencia France Press, Gloria Cuenca, profesora de la Universidad Central de Venezuela. "Sobre todo en lo que se refiere a internet, lo que más nos angustia es el temor a que pasemos a una situación de bloqueo de contenidos como en China o Cuba", agregó la experta.
La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información, señaló que la ley "limita seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una sociedad democrática".
La ley también incrementa las multas a los medios radioeléctricos, que llegarán al 10% de los ingresos brutos del año anterior, además de la suspensión del servicio por 72 horas continuas; más la revocación definitiva de la señal si se reincide en alguna falta.
