El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el lunes una nueva política del Departamento de Justicia que prohíbe a los fiscales federales incautar los registros telefónicos y de correo electrónico de los periodistas en las investigaciones de filtraciones de información oficial.
Esto se produce inmediatamente después de una decisión de la Administración Biden de que el gobierno de los EE. UU. suspenderá una práctica altamente controvertida de usar citaciones y órdenes secretas para obtener los datos de comunicaciones de los reporteros para rastrear filtraciones del gobierno.
"El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el propósito de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación que actúen dentro del alcance de las actividades de recopilación de noticias", escribió Garland en un memorando ampliamente anticipado al liderazgo de su departamento y a fiscales federales.
El anuncio de la política significa que el Departamento de Justicia ya no emitirá citaciones, órdenes judiciales y órdenes judiciales a los reporteros, sus editores y proveedores de servicios externos para obtener los registros de los periodistas.
Sin embargo, habrá excepciones. La prohibición no se aplica a la obtención de información sobre un periodista que está bajo investigación criminal o un periodista que ha "utilizado métodos delictivos" para adquirir información, escribió Garland en la declaración de tres páginas.
“La prohibición se aplica cuando un miembro de los medios de comunicación, en el curso de la recopilación de noticias, solo ha poseído o publicado información gubernamental, incluida información clasificada”, dijo Garland.
El anuncio se produce dos meses después de que el Departamento de Justicia informara a los periodistas del The Washington Post, New York Times y CNN que el Departamento de Justicia durante la administración del expresidente Donald Trump obtuvo en secreto sus registros telefónicos y de correo electrónico. Como parte de una investigación de filtración, el Departamento de Justicia supuestamente citó a Apple para que recopilara los registros de dos miembros demócratas del Congreso, sus asistentes y familiares.
Las revelaciones causaron indignación entre periodistas y defensores de la libertad de prensa y llevaron al inspector general del Departamento de Justicia a abrir una revisión de las incautaciones. Garland prometió cambiar la política del departamento sobre la obtención de registros de periodistas y expresó su apoyo a la legislación para hacer que las salvaguardas sean permanentes.
El fiscal general se reunió con ejecutivos de las tres organizaciones de noticias y se comprometió a anunciar una nueva política sobre el tema. En una conferencia de prensa el mes pasado, Garland dijo que “la única manera de hacer que [la política] sea permanentemente duradera es a través de la legislación, y personalmente apoyaré el trabajo con el Congreso para desarrollar una legislación que haga que las protecciones para obtener los registros de prensa sean parte de la legislación".
En su memo, Garland dijo que le había pedido a su adjunta, Lisa Monaco, que revisara las reglas existentes del Departamento de Justicia sobre la obtención de registros de periodistas y que "codificara las (...) protecciones en las regulaciones". También reiteró su apoyo a la acción del Congreso "para proteger a los miembros de los medios de comunicación".
Los defensores de la libertad de prensa elogiaron la nueva política.
"El fiscal general ha dado un paso necesario y trascendental para proteger la libertad de prensa en un momento crítico", dijo Bruce Brown, director ejecutivo del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, en un comunicado. "Esta nueva política histórica garantizará que los periodistas puedan hacer su trabajo de informar al público sin temor a la intromisión del gobierno federal en sus relaciones con fuentes confidenciales".
En Twitter, la organización Freedom of the Press Foundation instó al Congreso a "codificar inmediatamente estas reglas para que tengan fuerza de ley".
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