La libertad de prensa en Venezuela está “bajo ataque y sufre las consecuencias de una política pública dedicada a silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos”, alertaron el viernes organizaciones defensoras de libertades informativas en el país, que publicaron sus balances sobre los acontecimientos más relevantes documentados entre enero y abril.
“El miedo, las dificultades para el acceso a la información, el uso de la ley para castigar expresiones disidentes y la autocensura, son factores que debilitan el ya reducido ecosistema de medios”, expuso el viernes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa exigió mayor acceso a la información y la protección de periodistas y otros miembros de la prensa.
El SNTP documentó, durante los primeros cuatro meses de este año, 51 casos en los que evidenciaron violaciones del derecho a la libertad de expresión y de información.
Entre enero y abril, 11 nuevas estaciones de radio, el medio con mayor alcance en el país, fueron cerradas. Según el SNTP las solicitudes de renovación de concesión hechas por los operadores “no están siendo atendidas”, una situación que, sostienen, afecta a más del 80% de las radios que funcionan con los permisos “vencidos”.
“Otro elemento que incide de manera negativa sobre el ejercicio de la libertad de prensa es el permanente amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, en razón de sus publicaciones y línea editorial”, precisa el SNTP en una nota de prensa divulgada este viernes.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), una organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión en el país, documentó 128 violaciones a las garantías informativas en el primer cuatrimestre de 2024.
“La intimidación por parte de cuerpos de seguridad del Estado y los señalamientos discursivos de altos funcionarios del gobierno fueron los agravios más registrados hacia la prensa”, alertó IPYS este viernes.
Además, resaltó que los mensajes estigmatizantes y la criminalización por parte de funcionarios del gobierno contra periodistas y medios de comunicación marcaron un “patrón de persecución discursiva”.
“Estos ataques contra la libertad de expresión y de prensa reducen el espacio cívico y afectan la participación diversa de comunicadores, activistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en el debate público”, subraya la organización en su balance.
Las organizaciones se refirieron al arresto del periodista y líder comunitario, Carlos Julio Rojas, por supuestamente estar vinculado en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
El SNTP resaltó que otros cinco periodistas han sido expuestos y su supuesta responsabilidad ha sido sentenciada “sin que exista una investigación ni el ejercicio del derecho a la defensa”.
Los delitos que prevalecen aluden a delitos de odio, traición a la patria y terrorismo, reiteran.
El más reciente informe de la organización Espacio Público, organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, revela, además, que en 2023 registraron 384 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
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