En México están matando gente. La violencia en el país latinoamericano ha llenado titulares en las últimas semanas: primero, con los días de caos que se vivieron en Culiacán, después del arresto del hijo de El Chapo Guzmán y luego el lunes con el asesinato de nueve ciudadanos estadounidenses en el estado de Sonora.
No son situaciones aisladas, el 2019 está siendo el año más sangriento en la historia del país. 25.890 personas han sido asesinadas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto es un promedio de 95 homicidios por día.
A pesar de que el manejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le ha dado a la situación —en especial cuando liberó a Ovidio Guzmán para evitar más muertes— ha sido duramente criticado por opositores y el gobierno de Estados Unidos, su popularidad se mantiene.
Según varias encuestas nacionales (El Financiero, Parametría), entre el 60% y el 70% de los mexicanos apoya la gestión del mandatario.
Una clase de historia
El presidente Donald Trump, en respuesta al asesinato de los ciudadanos estadounidenses ofreció ayuda al gobierno de México para luchar contra los narcotraficantes.
En un tuit, el mandatario dijo que era hora de que México “con ayuda de Estados Unidos, libre una guerra contra los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.
La ofensiva de frente contra los carteles comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, en el 2006 y se extendió —aunque con menos fuerza—durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien precedió a AMLO.
Además de una fuerte presencia militar, las políticas de ambos mandatarios se centraron en ir por los grandes capos. “La estrategia (…) que fue promovida por el gobierno de EE.UU. (…) llevó a una fragmentación de los grupos criminales”, dijo a la Voz de América Maureen Meyer, directora del programa de México de la ONG basada en Washington WOLA.
Como consecuencia, se crearon más grupos criminales que luchan por el control sobre diferentes industrias lo cual “es más difícil de combatir” y “provocó” más violencia”, agregó la investigadora.
Aunque esta política de confrontación directa “sí debilitó a las organizaciones criminales” —el número de homicidios disminuyó en el 2012, el último año de presidencia de Calderón—, “fue uno de los factores que contribuyó al aumento de la violencia en México hoy en día”, explicó Christopher Wilson, subdirector del Instituto de México del centro de pensamiento Wilson Center.
El “cambio” de AMLO
El presidente de México ha dicho que no quiere combatir la violencia con más violencia y presentó un plan de “paz y seguridad” que incluye un proceso de paz con los carteles, que incluye amnistía e introduce la justiciar transicional. Además, prometió meterle la ficha a combatir las causas principales del crimen como la falta de oportunidades y la pobreza.
“Tenemos a un presidente básicamente está siguiendo una estrategia opuesta [a la de los gobiernos anteriores”, dijo Wilson. Para el experto, aunque es importante tener una estrategia a largo plazo, el plan de AMLO falla en que no lidia con el problema de la impunidad.
Según la ONU, un 98% de los crímenes en México no son resueltos. “La gente no está siendo castigada por sus crímenes y hasta que eso no pase seguirán haciéndolo aunque hayan más trabajos en sus comunidades”, agregó el académico.
El tema de la impunidad, para el experto, es uno de los problemas de fondo de la violencia en México, junto con la corrupción y el tráfico de drogas.
“El problema fundamental está basado en el flujo de drogas y (…) las ganancias que dan a los organizaciones criminales para corromper los gobiernos y aumentar la violencia”.
Aunque la frase “abrazos no balazos”, pronunciada por López Obrador para describir su política, ha quedado marcada en la opinión pública, el gobierno también reforzó el brazo miiltar con la creación de la Guardia Nacional, un organismo con 50.000 efectivos.
Para Maureen, esto demuestra que “la política de AMLO no es tan diferente de sus predecesores” .
“La diferencia es que tiene una nueva fuerza, pero la estrategia en sí misma no es clara y segue la militarización de la seguridad pública que vimos en el gobierno de Calderón”, dijo la experta.
