"Marta" tenía 11 años cuando su padre abusó de ella. Cabizbaja y confundida se acercó a una de las organizaciones humanitarias que se adentran en las aldeas más rurales de Guatemala, y en su búsqueda de justicia, la niña denunció a su progenitor.
Como promedio, cinco niñas de entre 10 y 14 años han sido violadas cada día entre 2018 y 2024 en la nación centroamericana. Menos del 10 % de esos abusos han terminado en condena para el agresor, una realidad expuesta en el más reciente informe de Human Rights Watch.
El Registro Nacional de las Personas en Guatemala dio a conocer que en los últimos seis años, 14.696 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres, en muchos de esos casos en contra de su voluntad.
La edad de consentimiento en Guatemala para las relaciones sexuales está establecida a partir de los 14 años. Antes de esa edad es un delito, no importa si el menor dio o no su consentimiento. Para el sistema, previo a los 14 años, los niños y niñas no están en la capacidad física ni intelectual para consentir una relación sexual.
Marta quedó embarazada tras el abuso. Varios meses después de la denuncia, el sistema la envió a casa nuevamente con su agresor.
"El caso de Marta es un reflejo de la realidad que enfrentan miles de niñas en Guatemala cada año. Y también es un reflejo en el sentido de que muchas veces al no obtener justicia las niñas dejan de perseguir la justicia", dijo a la Voz de América, Cristina Carrasco, investigadora en Human Rights Watch.
Fue la comunidad de Marta, en una aldea rural de Huehuetenango, Guatemala, la que mediante amenazas intimidó al agresor, quien optó por huir.
No es la primera vez que la falta de acción por parte del sistema judicial lleva a que, en ocasiones, las comunidades recurran a la justicia por mano propia o "justicia maya", como se le conoce comúnmente. Esto sucede especialmente en el occidente de Guatemala.
Los ciudadanos optan por resolver los conflictos internamente, y a menudo de manera violenta. En algunos casos, los líderes locales han asumido el papel de jueces.
“Marta es una niña que enfrentó violencia sexual, que no obtuvo protección del Estado, que no obtuvo los servicios de salud que necesitaba… y al final del día, incluso después de identificar a su agresor, la regresaron a su hogar donde aún se encontraba esta persona”, agregó Carrasco.
Marta se vio obligada a dar a luz en su casa, sin asistencia médica.
A la fecha, las autoridades no han arrestado a su agresor y Marta decidió migrar sin acceder a la justicia.
Las barreras
Para Human Rights Watch, las niñas en Guatemala enfrentan serias limitaciones en los accesos a los servicios del Estado.
En el área de salud, la escasez de personal capacitado, la falta de recursos en los centros de atención médica y las largas distancias de traslado, dificultan la atención oportuna.
Servicios como la anticoncepción de emergencia y la atención prenatal, intraparto y postnatal son de difícil acceso, sobre todo para aquellas niñas que como Marta viven en comunidades rurales e indígenas.
Aunque la legislación guatemalteca permite el aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en riesgo, en la práctica este derecho se ve restringido.
“Mucho del personal de salud desconoce que el aborto terapéutico es una opción legal en el país”, agregó Carrasco.
A finales de enero de 2025, una comisión del Congreso de Guatemala se preparó para debatir la imposición de penas de prisión por la promoción del aborto y la alteración sexual. El debate fue aplazado.
En el ámbito educativo, hasta noviembre de 2024 únicamente 213 de las 2.146 niñas que quedaron embarazadas ese año se inscribieron en el sistema educativo guatemalteco.
“El estigma y la presión familiar contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de niñas embarazadas (…) muchas son obligadas a abandonar la escuela de manera permanente y, con frecuencia, son enviadas a vivir con sus agresores o se les asignan tareas de cuidado en el hogar”, explica el informe de HRW.
Las condenas judiciales tampoco son alentadoras. Entre 2018 y 2023 se registraron 102 condenas por violación en casos de niñas embarazadas menores de 14 años.
Un fondo para niñas embarazadas
El gobierno de Guatemala ofrece apoyo económico a niñas y adolescentes embarazadas menores de 14 años que han sido víctimas de violencia sexual.
Por medio del programa Vida, las niñas reciben 1.500 quetzales (unos 195 dólares) para controles prenatales, atención durante el parto y seguimiento postnatal.
El apoyo está condicionado a que las niñas denuncien el abuso sexual ante una instancia judicial; tengan un titular asignado por un juez como la madre, el padre o un responsable y que no haya contraído matrimonio no conviva con una pareja.
En el 2024, unas 1.953 niñas que dieron a luz en Guatemala y sin embargo, solo había 129 niñas inscritas en el programa.
Para la directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, el Estado debe crear políticas a favor de las niñas.
"No es una cuestión de que hoy intervienen y mañana ya no están. Las niñas necesitan reconducir un proyecto de vida", agregó.
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