![Diputados de subcomisión legislativa analizaron junto a representantes de la sociedad civil el Proyecto 1031 que sustituiría la Ley N° 6 del año 2002 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública en Panamá. [Foto: Cortesía Asamblea Nacional]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-4977-08dbb48e0311_cx0_cy0_cw94_w250_r1_s.jpg)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó este miércoles a decenas de organizaciones y al gremio periodístico de Panamá que pide a la Asamblea Nacional frenar la iniciativa de ley introducida al pleno por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para cambiar la Ley de Transparencia.
El organismo regional, que aglutina a cientos de medios de comunicación del continente americano, considera que al derogar la ley vigente desde 2002 y cambiarla por el Proyecto 1031 se “obstaculizará que los periodistas y ciudadanos accedan a información pública y porque blindará casos de corrupción en las administración pública”.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, calificó de "absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país y que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región".
El organismo dijo en un comunicado que se suma al reclamo de decenas de organizaciones civiles y periodísticas del país que observan que "no existió un proceso de consulta" para discutir una iniciativa que no tiene la misma fuerza para combatir la corrupción que la ley actual.
Ante el debate abierto en Panamá sobre el eventual cambio, el procurador de la Administración, Rigoberto González, considera que “la actual ley de transparencia es extraordinaria”, según publicó este miércoles el diario panameño La Prensa.
El funcionario acudió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea al reanudarse el debate sobre el Proyecto 1031 que cambiaría las formas y los mecanismos para acceder a la información pública.
El procurador ha matizado a la comisión legislativa que cualquier funcionario que maneja fondos públicos “debe estar preparado para rendir cuentas” en todo momento y que el acceso a la información es un “derecho fundamental” por lo que “no existe de antemano controversia”.
A finales de agosto una subcomisión legislativa analizó el proyecto junto a actores de la sociedad civil que han denunciado que la nueva propuesta quita fuerza a los mecanismos anticorrupción afianzados en el país.
El encuentro abrió espacio al Ejecutivo de Cortizo que a través de su Asesor de la Presidencia de la República, Andrés Wong, reconoció que el proyecto requiere modificaciones y que los aportes de la sociedad civil son bienvenidos "es por ello que se necesita que todos contribuyan a la elaboración de un documento que salga robustecido con todos los sectores involucrados" enfatizó.
