El 28 de julio de 2021, Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú en medio de una gran expectativa e incertidumbre. Tras vencer a la conservadora Keiko Fujimori en una reñida elección, el maestro rural de izquierda fue personificado como el abanderado de una corriente de cambios para varios sectores que, históricamente, han sido excluidos dentro de la sociedad del país andino. Sin embargo, a siete meses de instalado en el poder, el panorama ha cambiado rotundamente.
Actualmente, la Administración de Castillo afronta una crisis de gobernabilidad que ha sido producto de malas decisiones, según los analistas y expertos en política. A ello se suman los escándalos de corrupción que involucran al propio presidente en casos como el recientemente revelado por una empresaria llamada Karelim López, quien acusó a Castillo de liderar una mafia que solicitaba sobornos por obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por si fuera poco, también se hace evidente la falta de capacidad para establecer una agenda de reformas.
Sendas marchas ciudadanas ya se convocan para exigir la destitución o renuncia de Castillo por considerar inviable su permanencia en el cargo. En recientes encuestas de las empresas Ipsos-Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 50% pide una de estas dos opciones para el presidente. Analistas y representantes de gremios sociales que respaldaron al líder izquierdista desglosaron, en entrevistas para la Voz de América, las razones de por qué existe una gran debilidad presidencial que abre el debate sobre si este régimen debe continuar o no de aquí al 2026.
Factores de desgaste
Según las últimas encuestas realizadas por las empresas Ipsos-Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el presidente Castillo tiene una aprobación que oscila entre el 25% a 28%, mientras su desaprobación tiene un margen de 63% a 69%.
Lo más interesante en el detalle de las cifras es que el respaldo al líder izquierdista ha caído significativamente en los sectores más pobres. Para el psicólogo social e investigador de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro, esto tiene una clara explicación.
“Lo que hay es un desgaste del Gobierno. El presidente fue elegido porque representaba la esperanza para los intereses populares, pero hoy esa figura se ha venido deteriorando fuertemente”, explicó Chaparro a VOA. Para el exdirector del área de estudios de opinión del IEP, uno de los motivos principales por los cuales el Gobierno de Castillo ha perdido apoyo es porque la identificación social, que gente del interior del país tuvo en su momento con el maestro rural, se ha ido desgastando porque no ha cumplido las promesas de campaña.
“Un beneficio de confianza es la imagen que puedes tener. Eso técnicamente se llama beneficio de fe. Apostando por esta persona que probablemente sea como tú y defienda tus derechos. Pero ya elegido, ese beneficio de fe pierde sentido porque la expectativa ya no se sustenta en lo que uno podía hacer o prometía sino en la gestión misma”, añadió Chaparro. El investigador mencionó que, en la lógica ciudadana, la gente entiende de dos maneras la falta de honestidad. “Una manera, y la que tiene más peso, es cuando se está involucrado en actos de corrupción y la segunda, que viene a ser más expandida, es no cumplir con tus promesas. Creo que estos dos factores le están pasando factura a Castillo”, sintetiza.
El politólogo José Alejandro Godoy agregó que el gobierno presentó tres problemas en casi medio año de gestión. “El primer problema es que hay una falta de definición en relación a las políticas públicas que desean hacer. No sabemos su lista de prioridades y en cuáles se quiere concentrar.
No sabemos la visión del gobierno para estos cinco años. El segundo problema tiene que ver con los nombramientos. Resulta evidente que el gobierno no tiene los filtros necesarios para nombrar a las mejores personas con algunas honrosas excepciones. Y el tercer problema es la corrupción.
Lo que se observa desde hace unos meses es una degradación muy fuerte por la existencia de un conjunto de empresarios medianos que dan vueltas sobre contratos dentro del Estado”, analizó para VOA.
Godoy también señaló que en el gobierno hay un reparto de cargos que lo vuelve súper patrimonialista. Como consecuencia de ello, agregó, existe una disputa entre los aliados de Castillo por definir quién liderará la gestión.
Para el catedrático de la Universidad Católica de Perú, además, la actitud del presidente de designar a personajes controversiales, como el ministro de Salud Hernán Condori y el jefe de gabinete Aníbal Torres, respondería a cubrir la cuota de poder que le exigen dentro de su partido y para construir lealtades ante las amenazas de la oposición de querer destituirlo.
Los desaciertos políticos de Castillo impactan, sobre todo, en la economía. “El balance que tenemos, hasta ahora, es la masiva fuga de capitales. El Banco Central ha informado que han salido 17,600 millones de dólares del país. A eso le sumamos que gente, con potencial académico, también salió del país”, sostuvo el economista Alejandro Indacochea a VOA.
Si dividimos la deunda externa entre 30 millones de peruanos, cada uno va a tener que pagar 150 dólares en el futuro.Economista Alejandro Indacochea
Además, el autor de libros como El Nuevo Orden Económico Mundial detalló que, desde que inició el Gobierno de Pedro Castillo con el exministro de Economía Pedro Francke, la deuda externa se ha elevado a cerca de 4 mil millones de dólares y mil millones de euros. “Si lo dividimos entre 30 millones de peruanos, cada uno va a tener que pagar 150 dólares en el futuro”, aseguró.
Indacochea indicó que este régimen no tiene un programa concreto de empleos para ayudar a los peruanos que lo perdieron todo por la pandemia y, por el contrario, solo hay bonos. El economista mencionó que se necesita inversión con credibilidad y confianza, pero lamentablemente este panorama no se observa en Perú por la actitud populista y demagógica del presidente Castillo. “Los seis meses del gobierno me parecen ya ocho años perdidos”, finalizó Indacochea.
Sobre el futuro de Castillo, los analistas tuvieron posturas diferentes. Para Indacochea, la salida es la renuncia del presidente. En tanto, Godoy indicó que la vacancia de Castillo no es la alternativa más adecuada y, por el contrario, enfatizó que tiene que darse cuenta de que no está manejando de manera adecuada su gobierno.
Finalmente, Chaparro consideró que la gente que apoyó a Castillo está entrampada en un dilema que no le permite movilizarse por las calles: por un lado, no quiere que se vaya, pero por el otro le exige que cambie su forma de gobernar.
Pérdida de apoyos
Un apoyo clave en la última campaña electoral para Castillo fue el brindado por los maestros. De hecho, el presidente peruano se hizo conocido a nivel nacional al liderar una huelga que puso en jaque a la entonces gestión del economista Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
Tras esa aparición, Castillo se perfiló como el líder de una facción del gremio de los maestros, quienes lo animaron a postular a las elecciones generales de 2021 cuando su única aspiración era ser parlamentario por su región Cajamarca.
Como candidato, Castillo lanzó varias promesas para la educación. Entre las principales se encuentran que se iba a destinar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector, se iba a aumentar el salario para los maestros y también se derogaría la Ley de la Reforma Magisterial. Nada de esto, finalmente, terminó siendo cumplido. Por el contrario, la única acción concreta del presidente fue haber oficializado su propio sindicato llamado la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en los primeros días de su gestión.
Aparte del apoyo de los maestros, el respaldo en masa a Castillo también se evidenció en las zonas rurales y andinas del país. Esto resultó clave para inclinar la balanza a favor del maestro de izquierdas que avasalló a su rival Keiko Fujimori, quien se impuso en Lima, el norte y el exterior. Nuevamente, como candidato, Castillo enarbolo como una propuesta bandera, para obtener los votos de los hombres y mujeres del campo, una segunda Reforma Agraria que fue lanzada de forma simbólica en la región de Cusco en octubre pasado.
“La segunda Reforma Agraria es un proceso fallido”, reveló Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del Agro Peruano, a VOA. Dice que, hasta el momento, este gobierno no ha cumplido con esta iniciativa ni tampoco con otras promesas de campaña.
“Aparte no se avanza con la segunda Reforma Agraria, el gobierno no resuelve la crisis de los fertilizantes que padecemos. No pone en marcha el fondo de subvención de 720 millones de soles para la compra de fertilizantes, tampoco existe la reglamentación de la Ley de asesoramiento de las cooperativas y del gabinete de desarrollo agrario y rural que se publicó el 5 de enero”, enumeró Cárdenas.
Para el titular de la Convención del Agro Peruano, el régimen de Castillo no tiene los cuadros necesarios para cumplir la agenda de los campesinos. Este 15 de marzo, por ejemplo, comenzarán a movilizarse en Lima para que el presidente cumpla su palabra con los ganaderos lecheros. “El mundo rural exige cambios. No estamos de acuerdo cómo se está manejando el país. Hemos solicitado una reunión con el presidente, pero no tenemos una respuesta”, zanjó Cárdenas.
“Si hablamos de garantías para los derechos de los pueblos indígenas, pues no ha cumplido nada”, mencionó Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), a la Voz de América. Ella consideró que el Gobierno de Castillo es machista y clasista. “No ha cumplido sus promesas y dio un giro a la derecha”, añadió Canales, quien también cuestiona que pedidos, como los derechos colectivos para los pueblos indígenas que están alineados a la salud y la educación intercultural, no han sido atendidos porque hay gente en los ministerios que no cuentan con conocimientos en la materia.
Al cierre de este reportaje, el cuarto gabinete ministerial de Castillo —en tan solo siete meses— recibió la confianza del Congreso para seguir trabajando. Sin embargo, esto no resulta impedimento para que se avance con la acusación por traición a la patria y la aprobación de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente.
En el terreno judicial, no obstante, se paralizaron investigaciones sobre su real participación en el escándalo de corrupción de los ascensos de las Fuerzas Armadas y en dos millonarias contrataciones estatales. Con todo ello, la posibilidad de que Castillo pueda completar su periodo en el Ejecutivo hasta el 28 de julio de 2026 es de pronóstico reservado.
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