La negociación de Argentina con sus acreedores para que acepten una propuesta de reestructuración de deuda de 65.000 millones de dólares se ha mostrado "difícil", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Especificó que “no hay planes de extender el plazo para cerrar un acuerdo”.
Argentina, que es una potencia agrícola a nivel mundial, atraviesa una severa crisis económica que se ha profundizado por la pandemia del COVID-19. Por eso, ofreció en abril a los tenedores de bonos una quita de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital del 5,4%.
Los tenedores de bonos tienen hasta el viernes para responder a la propuesta, aunque tres grandes grupos de acreedores ya han rechazado la oferta, chocando con el gobierno, que dice que no puede pagar nada más.
Mientras, las tensiones se han generado entre el gobierno federal y los estados provinciales, ya que las provincias aceleraron la autorización de nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena, con el objetivo de recuperar una parte de la debilitada actividad económica.
Después del desencuentro con el presidente Alberto Fernández, cuando anunció la flexibilización de la cuarentena permitiendo una hora por día para recreación, los gobernadores, en su mayoría, rechazaron la medida, porque la urgencia pasa por la economía, porque los Estados necesitan recaudar, porque hay empresas en riesgo de desaparecer y otras empezaron a despedir personal, suspender o pagar salarios en cuotas.
Desde la primera prórroga del aislamiento obligatorio, la presión de las cámaras de comerciantes, empresarios e industriales para que se les autoricen actividades han ido en aumento.
Desde la semana pasada, los gobernadores tienen más autonomía para resolver y varios avanzaron con aperturas parciales. De hecho, algunos gobernadores entienden que debería haber un cronograma nacional para los próximos dos meses, similar a los de España e Italia, y que, si el virus avanza, se modificará sobre la marcha.
Las pérdidas en los sectores alcanzan del 75 % al 90 %, nadie escapa de esta situación. El panorama más preocupante sigue siendo el de las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores independientes, los trabajadores informales y los sectores más pobres de la sociedad, que en las últimas semanas llenaron 10 millones de formularios para recibir ayuda estatal.
Por eso, el gobierno empezó a diseñar un “camino de salida de la cuarentena" con un fondo especial de 20.000 millones de pesos destinado a programas de capacitación, créditos y compra de maquinarias para aquellas personas que forman parte de la economía informal, unos 4,5 millones de ciudadanos.
Hay asistencia de alimentos de primera necesidad y operativos de las fuerzas armadas entran a diario a las zonas más humildes, “las villas de emergencia” o los barrios populares, para garantizar que por los menos sus habitantes tengan 2 raciones de comida.
Esto se complementa con los comedores comunitarios que voluntarios solidarios montaron hace varios años para darles de comer a los niños pobres y a las escuelas públicas de muchas ciudades, donde los pequeños asisten a educarse, pero sobre todo alimentarse de lunes a viernes.
Además, se les están coparticipando los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), pero la magnitud de la crisis hace que los recursos sean escasos. En los próximos días se sumarán 10.000 millones de dólares a los 20.000 millones de ATN girados a todas las jurisdicciones en abril.
Las provincias más dependientes del sector público sienten menos el impacto del freno económico que aquellas con actividad privada importante, como la Capital F, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Formosa, Catamarca y La Rioja que tienen dos agentes estatales por cada uno privado.
En Jujuy, Santiago del Estero y Chaco la proporción es de 1,5 a 1,4 por uno, y con poco más de uno, Corrientes.
Más allá de los fríos números de la economía, nadie quiere cargar sobre sus espaldas con una determinación que puede terminar muy bien o muy mal. ¿Quién autoriza a que la ciudadanía a salir a las calles, luego de haber ordenado “el encierro total” en parte de marzo, abril y lo que va de mayo?
¿Autoriza el presidente, los gobernadores, los intendentes o se toma una decisión consensuada con el Comité de Expertos que asesora al primer mandatario?
Los ejemplos cercanos de que el incumplimiento en EE.UU., Brasil, España o Italia, asustan y generan mucha incertidumbre. Más aún, sabiendo que el sistema sanitario argentino, más allá del esfuerzo y compromiso del gobierno, las ONG, la Cruz Roja o las Fuerzas Armadas, no podría responder a una demanda desproporcionada.
Todos saben que la infraestructura de hospitales, clínicas, medicamentos, insumos sanitarios, respiradores artificiales y hasta planteles de personal de salud no amortiguarían los efectos del coronavirus y la falta de experiencia en la materia.
El domingo, el presidente deberá tomar la decisión más difícil, luego de dos prórrogas de la cuarentena total que ya lleva 48 días.
Muchos se preguntan si el mandatario seguirá sosteniendo su idea de que “la salud es lo más importante, y que luego habrá tiempo para la recuperación económica” o aceptará que si “no flexibiliza la cuarentena”.
Las consecuencias pueden ser impredecibles para un país que ya está sumido en la crisis, con una inflación alta, desocupación, un dólar muy volátil, la presión de la deuda externa, la falta de créditos y reactivación económica, más las crecientes cifras de pobres e indigentes.
