La excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato, ha generado opiniones opuestas en Perú. Mientras el gobierno anunció que acudirá a fueros internacionales para revertir la decisión judicial, para los seguidores del exmandatario se hizo justicia.
El viceministro de Justicia, Juan Millones, dijo la noche del jueves que el gobierno irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para “lograr revertir" el fallo ordenado por el Tribunal Constitucional, porque “los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de ningún establecimiento penal”.
Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder de un partido opositor, dijo el viernes antes de ingresar a la cárcel donde aún está su padre que su apellido genera polémica pero que recibía el fallo “con profunda gratitud a Dios, porque como ustedes saben mi padre es un hombre mayor y enfermo”.
El Tribunal Constitucional, en una deliberación que no fue pública, aprobó el jueves un recurso legal que revivió un polémico indulto humanitario otorgado a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El indulto de 2017 fue anulado en 2018 por la Corte Suprema debido a una orden de la CorteIDH, el máximo tribunal sobre derechos humanos de Latinoamérica.
La orden para liberar a Fujimori provocó la noche del jueves protestas en las principales ciudades de Perú, además de una marcha de cientos por las calles de Lima. Los manifestantes llevaban carteles con frases como “Tribunal Constitucional corrupto” o “Fujimori asesino y ladrón”.
Pero un grupo de simpatizantes del exmandatario se reunieron frente a la cárcel donde está preso con retratos y banderas peruanas. “Vivimos agradecidos por devolvernos la paz, Fujimori eres nuestro héroe”, dijo Iris Chávez, quien sostenía un cartel con la frase “Fujimori Libertad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo el viernes que la decisión del Tribunal Constitucional “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CorteIDH” en los casos de los 25 asesinatos por los que Fujimori fue sentenciado como autor intelectual en 2009.
Expertos de diversas tendencias en Perú coincidieron en que la decisión del Tribunal Constitucional peruano puede ser revertida por la CorteIDH debido a que Perú aceptó hace 40 años su competencia contenciosa y debe obedecer sus decisiones.
Por ahora Fujimori podrá salir libre. Su abogado, César Nakazaki, estimó que su excarcelación podría ocurrir entre el lunes o martes de la próxima semana.
Fujimori fue condenado por su autoría mediata en dos matanzas ejecutadas en 1991 y 1992 por militares de un grupo clandestino que aplicaba métodos de la guerra sucia para combatir el terrorismo de Sendero Luminoso. El grupo militar, llamado Colina, funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y recibía financiamiento público.
La próxima liberación de Fujimori -que gobernó entre 1990 y 2000- no lo excluye de otro juicio en el que está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de seis campesinos de una localidad llamada Pativilca que fueron ejecutados por el mismo grupo clandestino de militares.
La justicia ha calculado que el grupo militar mató a alrededor de 53 civiles durante el gobierno de Fujimori, incluyendo a una de sus agentes a quien descuartizaron y decapitaron por sospechar que filtraba datos a la prensa. También mataron a un periodista opositor.
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