El directorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, lamentó este jueves, “el cierre paulatino del país al escrutinio internacional (…) ante la preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador”, como lo resumió el comisionado Joel Hernández, junto al resto de miembros del organismo.
La audiencia. solicitada por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para analizar la 'Situación de derechos humanos y Estado de Derecho en El Salvador', en el marco de las prórrogas consecutivas del estado de excepción en el país que el gobierno salvadoreño justifica como medida para afrontar temas de seguridad pública.
La administración del presidente Nayib Bukele desistió de participación –como corresponde al Estado- explicó al inicio de la audiencia la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla.
“Lamentamos la ausencia del Estado en esta audiencia (…) en la CIDH seguimos monitoreando con preocupación la falta de independencia del poder judicial, la injerencia del Ejecutivo y el recurso concreto del estado de excepción nos preocupa porque cuando un estado tiene prórrogas indefinidas, la excepción se vuelve regla, y ahí hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales”, dijo la funcionaria.
Los reclamos de los demandantes
Las organizaciones defensoras de DDHH y vigilantes del cumplimiento del país en tratados internacionales, acudieron al 184 periodo de sesiones del organismo que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), para exponer “graves violaciones” a derechos fundamentales en más de 100 días del estado de excepción impuesto por el gobierno salvadoreño “para capturar pandilleros”.
No obstante, peticionarios como Cristosal, Fespad, Servicio Social Pasionista, y la Fundación para el Debido Proceso, PDLF, entre otras, han documentado y relatado casos que estarían incurriendo en la tortura y la total falta de garantías, aparte del reporte de 52 personas que han fallecido dentro de los penales luego de ser capturados.
Denunciaron además que de las redadas iniciales donde eran apresados trabajadores, campesinos, jóvenes y hasta estudiantes, que han demostrado que no tienen ninguna vinculación con pandillas o redes del crimen, hoy la estrategia ha girado a un plan de “Casa segura”, que los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado: Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejercito, llegan a las comunidades pobres y llevan a personas de manera selectiva, que al igual que en la anterior muchos no tienen nada que ver con estructuras del crimen.
Entre las prácticas puestas en marcha por el gobierno, señalaron la de crear un “sistema de denuncias anónimas” con recompensa económicas, donde las personas pueden ser arbitrariamente sindicadas, sin proceso judicial justo porque se ha instaurado a la vez el juez encubierto, y donde no se cuenta con un proceso de pruebas materiales.
La abogada Zaira Navaz, de la organización Cristosal, relató a la CIDH que el “peligro escenario” da indicios de que se están cometiendo “asesinatos, tortura y tratos crueles e inhumanos” -como han documentado.
Además de desapariciones de personas que cayeron en redadas y que sus familiares no las encuentran en ningún centro penitenciario del país, lo que aumenta la preocupación porque “podríamos estar frente a ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales”.
La Voz de América solicitó reacciones de la Cancillería salvadoreña y de la Casa Presidencial sobre las observaciones de la CIDH, pero no hubo respuesta, sólo se comentó que “se trasladará la petición” a las autoridades.
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