La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó el martes la captura del actual congresista y excomandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como Jesús Santrich, luego de que éste no se presentara a una indagatoria sobre narcotráfico.
Tras varias horas de sesión extraordinaria, el máximo organismo de justicia pidió a las autoridades dar con el paradero de Santrich “y conducirlo a la Corte para que rinda indagatoria ... por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, y remitir a Interpol internacional circular roja”.
El mandatario Iván Duque, en una declaración a los medios desde la casa presidencial, dijo que ordenó a las fuerzas militares capturar a Santrich lo más pronto posible.
“Esa decisión de capturarlo es una decisión esperada por todos los colombianos indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia alias Jesús Santrich”, manifestó. “(...) hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de Santrich en cualquier país del mundo, se active el protocolo de captura y sea entregado a las autoridades colombianas”, añadió.
El magistrado Francisco Farfán lo había citado a las nueve de la mañana, pero sólo llegaron sus abogados, uno de los cuales dijo a periodistas que desde hace 15 días desconocen el paradero de su cliente.
El procurador general, Fernando Carrillo, dijo previamente en Twitter que Santrich “se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz”, y agregó que se solicitó al organismo una orden de captura en su contra.
Santrich, de 52 años, ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y pasó 13 meses en prisión por la supuesta planificación del envío de diez toneladas de cocaína a ese país.
Aunque fue liberado y recapturado porque al parecer se habían reunido nuevas pruebas en su contra, volvió a quedar en libertad y días después de asumir su cargo en el Congreso, el pasado 11 de junio, abandonó su equipo de seguridad en una zona del norte del país.
La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia --que se encarga de monitorear la reintegración a la sociedad de miles de excombatientes de las FARC-- expresó la semana anterior su preocupación por la decisión de Santrich, al considerar que esto podría implicar un riesgo para su vida.
Como parte del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y esta guerrilla en 2016, los excombatientes lograron diez bancas en el Congreso bicameral colombiano.
El ministro de la defensa, Guillermo Botero, dijo recientemente a The Associated Press que hay unos 1.700 disidentes de ese grupo en diferentes partes del país.
