La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
La decisión la tomó la víspera el juez federal argentino Ariel Lijo a instancias de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien considera que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
Como primera medida, el juez dispuso el envío de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre supuestas detenciones ilegales y desaparición de personas, dijo el jueves a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la causa y quien pidió anonimato debido a que la pesquisa está en una etapa preliminar.
En el pasado la justicia argentina ha hecho algo similar, al abrir una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Por ese caso, que data del 2010, un tribunal de alzada de Buenos Aires anuló recientemente el procesamiento dictado por una jueza a un exfuncionario español que había accedido a declarar ante la magistrada por videoconferencia.
La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo Rohingya en Myanmar.
En el actual caso y en su pedido al juez para que dé luz verde a la pesquisa, el fiscal argentino apuntó contra Ortega y su esposa, así como “quienes dentro de la estructura estatal o para estatal” puedan ser responsables del dictado y ejecución de órdenes para ejercer la persecución “por cuestiones políticas y/o religiosas”.
Últimamente, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos y acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país centroamericano en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018 y han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
La medida judicial argentina es en respuesta a la denuncia presentada en el juzgado de Lijo por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, a raíz de la detención del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario sin que conozcan detalles sobre su estado de salud.
La denuncia señaló que la situación del religioso se da en un contexto de ataque sistemático contra la población civil y menciona investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que apuntan a los excesos del gobierno de Ortega.
Según Taiano, la justicia de su país puede abrir la causa al gobierno de Nicaragua por compromisos internacionales que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
Por otra parte, indicó el fiscal, la Corte Penal Internacional no podría juzgar esos crímenes, toda vez que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma.
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