Siete profesionales de la salud serán juzgados a partir del martes por un tribunal en Buenos Aires acusados de la muerte Diego Maradona, la leyenda argentina del fútbol que estaba bajo su cuidado cuando sufrió un paro cardiaco el 25 de noviembre de 2020.
Si bien la salud de Maradona estaba deteriorada por la adicción a las drogas —había estado a punto de morir por una sobredosis de cocaína en 2000— y el alcohol, los fiscales que investigaron el caso concluyeron que el accionar del equipo médico fue negligente y que su muerte pudo haberse evitado.
Al momento de su fallecimiento, a los 60 años, Maradona transitaba una internación domiciliaria en una casa rentada en Tigre, suburbio al norte de Buenos Aires, tras someterse a una cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro a principios de noviembre de 2020.
Un tribunal integrado por tres jueces deberá determinar si siete de los ocho acusados, entre ellos un neurocirujano, una psiquiatra y enfermeros, son culpables o no del delito de homicidio simple por dolo eventual —el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción—, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
En el banquillo de los acusados estarán el neurocirujano Leonardo Luque, quien ofició como médico personal de Maradona en los últimos cuatro años de vida y le practicó la cirugía por el coágulo de sangre cerebral el 3 de noviembre de 2020. El galeno avaló la internación domiciliaria del célebre paciente.
La psiquiatra Agustina Cosachov, quien prescribió la medicación que consumió Maradona hasta el momento de su deceso. En el examen toxicológico realizado después de la muerte no se detectaron rastros de alcohol ni drogas ilegales, pero sí psicofármacos para la ansiedad y la depresión.
Los otros acusados son Carlos Díaz, un psicólogo especialista en adicciones que fue convocado para tratar los problemas de alcoholismo del exjugador; Nancy Forlini, la médica coordinadora de la empresa de medicina contratada para la atención del paciente durante su internación domiciliaria; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería y tenía como subordinados a los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid y el médico clínico Pedro Di Spagna, responsable de dar seguimiento al paciente.
Madrid se someterá a juicio por jurados más adelante.
Todos los acusados enfrentan el proceso en libertad.
Acusación contra los médicos
Un informe elaborado por una junta médica interdisciplinaria integrada por una decena de especialistas, entre médicos legistas, cardiólogos, psiquiatras, toxicólogos y hepatólogos, concluyó que el actuar de los acusados “fue inadecuado, deficiente y temerario”.
En ese sentido, cuestionaron las condiciones de internación domiciliaria de Maradona. Por ejemplo carecía de desfibrilador o tubo de oxígeno, falta de controles cardiológicos y de laboratorio en los 14 días previos a su muerte y que no se advirtieron síntomas como “una inusual hinchazón corporal...que vistos sus antecedentes cardiológicos debieron haber generado alguna acción”.
“Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25/11/2020, es decir, presentaba signos inequívocos de período agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado”, señaló el reporte.
La fiscalía también presentará como prueba 120.000 mensajes y audios de dispositivos móviles sobre conversaciones privadas entre médicos y otras personas involucradas en el cuidado de Maradona.
Por su parte, los acusados niegan los cargos y apuntan que Maradona era un paciente difícil y que no se dejaba atender. Respecto a las condiciones de internación domiciliaria, dijeron que la elección del lugar fue de la familia.
Según Luque, “la muerte ocurrió en forma inesperada, imprevista, en las horas de sueño, sin brindar ninguna posibilidad de tratamiento” y lo sostiene sobre la base del informe de otra junta médica propuesta por su defensa, según el cual el deceso fue abrupto y sin agonía.
El juicio podría durar hasta julio. Se prevén al menos tres audiencias por semana. En el inicio se dará lectura de la acusación por parte de los fiscales y luego comenzarán a declarar los acusados —si lo desean— y unos 110 testigos. En la parte final tendrán lugar los alegatos de la fiscalía y de las defensas de los acusados y el tribunal fijará fecha para un veredicto.
Una vez dictada la sentencia y si hay condenas, es probable que las mismas no impliquen detención inmediata hasta tanto el fallo quede firme en instancias superiores.
[Con información de AP]
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