Una jueza federal en Los Ángeles dijo el viernes que nombrará a un supervisor independiente para que evalúe las condiciones en las que los niños migrantes son alojados en instalaciones fronterizas de Texas, tras una serie de reportes de que reciben alimentos echados a perder, agua insuficiente y que los recintos son muy fríos.
La jueza Dolly M. Gee señaló que tomó su decisión tras ver una "desconexión" entre la evaluación efectuada por los monitores del gobierno federal de las instalaciones en el Valle del Rio Grande, y las versiones de más de 200 niños inmigrantes y sus padres en las que detallan numerosos problemas.
"Parece que sigue habiendo problemas persistentes", señaló Gee durante una audiencia sobre un añejo acuerdo acerca de los cuidados de niños bajo custodia gubernamental. "Necesito nombrar a un monitor independiente para que me dé un punto de vista objetivo sobre qué está ocurriendo en las instalaciones".
Gee tomó su decisión mientras el gobierno del presidente Donald Trump aún trata de cumplir una orden judicial para reunificar a familias separadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Cientos de niños siguen separados de sus padres.
Peter Schey, un abogado que representa a menores inmigrantes detenidos por el gobierno federal, indicó que espera que la decisión de Gee apremie a las autoridades fronterizas estadounidenses a que mejoren otros centros.
Dijo en la corte que los problemas han empeorado, pues ahora los niños pasan entre tres y seis días en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, donde previamente eran retenidos entre uno y tres días.
"Hemos visto una intensificación con todo el caos que ha provocado el gobierno", dijo Schey, que desde hace tiempo ha solicitado un monitor independiente.
Sarah Fabian, abogada del departamento de Justicia, se opuso al nombramiento sin tener una oportunidad de responder a las versiones de niños y padres recolectadas por activistas pro inmigrantes en las instalaciones en junio y julio. Dijo que las autoridades fronterizas, por ejemplo, proporcionan bebederos y jarras en las celdas, y que las condiciones de las instalaciones deben cumplir con las políticas de la agencia.
"Creemos que no hemos tenido una oportunidad para una audiencia completa de presentación de evidencia sobre esto", señaló Fabian.
Ambas partes tienen hasta el 10 de agosto para llegar a un acuerdo sobre un monitor propuesto. Si no lo logran, cada una le hará sugerencias a la jueza y ella elegirá uno.
Horas antes el viernes, funcionarios del departamento de Seguridad Nacional dijeron que habían reunido con sus hijos a todos los padres que cumplían los requisitos, pero hicieron notar que muchos otros no podían ser reunidos porque habían sido puestos en libertad por las autoridades migratorias, ya se encuentran en sus países de origen o pidieron que no los reunieran.
Más de 1.800 niños de cinco años o mayores ya habían sido reunificados con sus padres o con patrocinadores hasta el jueves. Eso incluyó a 1.442 niños que fueron devueltos a sus padres que se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y otros 378 que fueron liberados bajo diversas circunstancias.
Pero unos 700 más siguen separados, incluidos 431 cuyos padres fueron deportados, señalaron las autoridades. Esas reuniones requieren más tiempo, esfuerzo y papeleo para que las autoridades envíen a los niños de vuelta a Guatemala, El Salvador y Honduras.
