Un juez de San Francisco prohibió el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump poner fin al TPS que permite que inmigrantes de cuatro países, incluidos Nicaragua y El Salvador, vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos, ya que hacerlo causaría “daños irreparables y enormes dificultades”.
El TPS, o Estatus de Protección Temporal, se otorga a los habitantes de naciones devastadas por desastres naturales o conflictos armados, y les permite permanecer en Estados Unidos hasta que la situación en sus países mejore. Alrededor de 300.000 personas han recibido dichas protecciones.
El juez federal Edward Chen emitió su interdicto contra la decisión del gobierno de rescindir el TPS para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.
El fallo dice que el gobierno no demostró el daño de mantener el programa de 20 años de antigüedad, y que los demandantes establecieron que deportar a dichos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.
“Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado a sus familias en Estados Unidos (muchos de ellos durante más de una década), serán objeto de repatriación”, escribió Chen.
Muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, y podrían enfrentarse a la decisión de “llevarse a sus hijos con ellos (sacándolos del único país y la única comunidad que han conocido) o separarse de sus familias”, indicó la decisión.
Una demanda afirma que la decisión del gobierno fue motivada por el racismo y hace referencia al lenguaje vulgar que Trump utilizó para referirse a algunas naciones africanas durante una reunión en materia migratoria realizada en enero en la Casa Blanca.
El portavoz del departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo “usurpa el papel del poder ejecutivo”.
“El departamento de Justicia rechaza completamente la noción de que la Casa Blanca o el departamento de Seguridad Nacional hicieran algo impropio. Seguiremos luchando por la integridad de nuestras leyes migratorias y nuestra seguridad nacional”, dijo el comunicado de O’Malley.
El Salvador fue designado al programa en 2001 después de un terremoto y el estatus del país se renovó en repetidas ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero que el programa para esa nación expiraría en septiembre de 2019.
El gobierno concluyó que El Salvador había recibido importante ayuda internacional para recuperarse de los estragos del terremoto, y se habían reconstruido viviendas, escuelas y hospitales.
