La líder opositora peruana Keiko Fujimori pasará 36 meses en prisión preventiva mientras se la investiga por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, decidió un juez el miércoles, lo que puede complicar la carrera política de la dos veces candidata presidencial.
El juez Richard Concepción concluyó que existe un peligro de fuga y de que Fujimori obstaculice las pesquisas, por lo que resolvió privarla de su libertad a la espera de que el fiscal presente cargos formales y un tribunal defina si inicia un proceso judicial por el caso.
En una audiencia que duró más de ocho horas, Concepción dijo que creía que había pruebas considerables; no solo conocía los pagos, sino que tenía un papel activo en ocultar el origen de los fondos.
Mientras Fujimori observaba, cruzó los brazos y frunció el entrecejo durante la mayor parte de la tarde, el juez relató la información presentada por los fiscales que la describían como la líder de una organización poderosa que tramaba para que otros pudieran cometer delitos en su nombre.
"Sin lugar a dudas, la prisión preventiva es la única medida que se aplica", concluyó. "Se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Fujimori por el plazo de 36 meses por los delitos de lavado de activos", dijo el juez en la audiencia. "La investigada tiene todos los arraigos pero eso no garantiza que vaya a eludir a la justicia", dijo en el fundamento del fallo.
La defensa anunció que apelará la resolución. Fujimori ha negado haber tomado dinero de la compañía durante su carrera presidencial en 2011 y ha calificado la investigación como una persecución política.
Tras el fallo la líder opositora, que parecía contener las lágrimas, fue consolada con un abrazo por su esposo, el estadounidense Mark Vito, antes de salir de la sala custodiada por policías judiciales.
Keiko Fujimori, de 43 años, sufrió otro golpe a inicios de mes cuando fue anulado un indulto humanitario para su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien deberá cumplir prisión por abusos a los derechos humanos.
La decisión judicial reduce sus posibilidades de poder postularse a la presidencia por tercera vez en las elecciones de 2021 y dejaría espacio para que políticos nuevos busquen el poder en el país.
"El fallo confirma la arbitrariedad e injusticia", dijo una de las legisladoras del partido Fuerza Popular, Úrsula Letona, a un canal de televisión local. "No hay ninguna clase de obstaculización como prueba, esperamos que se pueda corregir esta decisión arbitraria y desproporcionada", agregó.
La abogada, Giulliana Loza, argumentó que el caso del fiscal general se basa abrumadoramente en un testigo cuya cuenta no puede ser corroborada y acusó a Concepción de utilizar información externa no presentada por las autoridades.
"En este caso, nunca hemos tenido un juez imparcial", dijo.
Poco después del fallo, imágenes emitidas por televisión mostraron a Fujimori esposada y siendo llevada a uno de los centros de detención de la sede del Poder Judicial, antes de ser enviada a una prisión para mujeres.
Después de la decisión del juez, Fujimori, que todavía se considera una de las personas más poderosas de Perú, fue rodeado por media docena de oficiales uniformados. Vestida con pantalones vaqueros en una camisa negra de manga larga, no mostró ninguna emoción al salir de la habitación.
Con Fujimori en prisión preventiva no quedó claro quién dirigirá el poderoso partido de derecha Fuerza Popular, que tiene mayoría en el Congreso unicameral, en medio de fuertes enfrentamientos con el Gobierno del presidente Martín Vizcarra.
La semana pasada, Keiko instó a su partido a buscar "una agenda nacional" junto a otros grupos políticos y al presidente Vizcarra, en un dramático giro.
Aportes de Odebrecht
Keiko Fujimori, que perdió en ajustados balotajes las elecciones presidenciales del 2011 y del 2016, es acusada de haber liderado una organización criminal con fines políticos y de recibir un aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral de inicios de la década.
El escándalo de corrupción de Obrechect, que ha reconocido sobornos en varios países de Latinoamérica, ha salpicado a los gobiernos de los últimos cuatro presidentes de Perú.
"En economía se dice que no hay lonche gratis, ningún beneficio es gratuito", dijo el juez Concepción al argumentar su decisión respecto al presunto aporte de la firma Odebrecht.
El fiscal José Pérez, que pidió la prisión preventiva por riesgo de fuga de Fujimori y otros 10 colaboradores, presentó ahora más evidencias, como la de testigos protegidos que afirman que hubo aportantes falsos para ocultar el favor de Odebrecht.
En medio del proceso, uno de los legisladores de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, confesó ser uno de los testigos que decidió contar toda la "verdad ante la fiscalía".
La decisión judicial viene una semana después de que Fuerza Popular -un partido fundado por Keiko Fujimori- anunció una reorganización de sus dirigentes y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una licencia para apartarse "temporalmente" de la organización.
El clan familiar ya venía dividido luego de la expulsión del partido del menor de los Fujimori, Kenji, y la suspensión de sus funciones como legislador, acusado por su propia hermana de evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Muchos peruanos pensaron que la hija del ex hombre fuerte Alberto Fujimori nunca vería el tiempo tras las rejas en un país donde la corrupción a menudo ha quedado impune.
Pero algunos de los políticos más prominentes de la nación, incluidos cuatro ex presidentes, ahora están siendo investigados o acusados en relación con investigaciones de corrupción, y miles de ciudadanos enojados han tomado las calles para protestar contra el injerto oficial. Un referéndum sobre el endurecimiento de las leyes anticorrupción está programado para principios de diciembre.
Con información de Reuters y AP
