Un juez federal en California anuló el viernes una ley migratoria que el gobierno del presidente Donald Trump ha utilizado para sancionar a las ciudades y estados que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración.
El fallo del juez William Orrick también ordenó al departamento de Justicia que entregue 28 millones de dólares a California que fueron retenidos debido a las políticas migratorias del estado.
Se trata de por lo menos la tercera decisión en meses recientes en la que un juez federal declara anticonstitucional la ley migratoria.
Sin embargo, ninguno de los tres fallos revoca de inmediato la ley a nivel nacional. La ley en cuestión le prohíbe a los estados y ciudades impedir que sus departamentos de policía reporten a las autoridades federales el estatus migratorio de las personas.
La decisión de Orrick en relación con las demandas interpuestas por California y San Francisco podría ser la más importante a la fecha debido a que se aplica a uno de los principales objetivos del gobierno en su lucha contra las jurisdicciones santuario. Orrick le prohibió al secretario de Justicia, Jeff Sessions, ejercer la ley migratoria contra California o cualquiera de sus ciudades o condados.
El portavoz del departamento de Justicia, Devin O'Malley, declinó comentar al respecto.
El gobierno del presidente Trump asegura que las ciudades y estados santuario permiten que los criminales peligrosos vuelvan a las calles.
San Francisco y otras ciudades santuario alegan que utilizar a la policía local en tareas migratorias socava la confianza necesaria para que la población reporte crímenes a nivel local.
Orrick indicó que la ley migratoria "socava las políticas existentes a nivel local y estatal y despoja a las autoridades locales de la facultad de decidir por sí mismos si comunicarse o no" con las autoridades migratorias. También transfiere porciones de los costos de seguridad migratoria a los estados, añadió.
"California expresó su preocupación legítima de que involucrarse con las autoridades federales de inmigración afecte la confianza que las comunidades de latinos e inmigrantes indocumentados tienen en las agencias de seguridad", indicó el juez.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que el fallo fue una victoria.
"Seguiremos defendiéndonos de los intentos del gobierno del presidente Trump por obligar a nuestras agencias de seguridad para cambiar sus prácticas y políticas de formas que nos harían más inseguros", dijo en un comunicado.
