Un juez federal ha vuelto a dictaminar que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es ilegal. Esta política ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
La decisión no afecta de manera inmediata a los beneficiarios de DACA, cuyo estatus sigue siendo el mismo durante el proceso de apelación legal. También pueden continuar renovando su estatus, como deben hacerlo cada dos años.
Entonces, ¿qué sigue?
Se espera que la administración Biden apele el fallo, emitido el miércoles por el juez Andrew Hanen del Tribunal de Distrito para el sur de Texas, dejando la decisión final sobre el destino de DACA, y sus más de 500.000 beneficiarios y sus familias, en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
"De acuerdo con el fallo, USCIS continuará procesando renovaciones de DACA y DHS continuará abogando en nombre de los beneficiarios de DACA todos los días, en los tribunales y a través de nuestras acciones. Estamos listos para trabajar con el Congreso en una solución duradera para nuestros ‘Dreamers’", dijo en un comunicado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas.
USCIS es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
A los beneficiarios del programa a veces se les llama 'dreamers' o soñadores.
Se espera que el caso regrese al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. Ese tribunal se pronunció por última vez sobre DACA en octubre de 2022, cuando devolvió el caso al juez Hanen para que revisara una nueva regulación.
Los defensores de la inmigración informaron que una posible audiencia en el Quinto Circuito no se llevaría a cabo hasta 2024. Y si el tribunal de apelaciones está de acuerdo con la decisión de Hanen, el fallo del panel de tres jueces podría incluir el fin de las actuales renovaciones de DACA.
Cualquiera que sea la decisión del tribunal, probablemente será apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Una decisión al respecto no se tomaría al menos hasta la primavera de 2025, según los defensores de la inmigración.
Los beneficiarios de DACA y los defensores de la inmigración dijeron que esta lucha ha durado demasiado tiempo, pero no planean dejar de luchar.
Activistas piden mantener protección a los "dreamers"
"En última instancia, las cuestiones que son claves aquí en este caso, que son las cuestiones relacionadas con la legitimidad y la legalidad del programa DACA, tendrán que resolverse en los tribunales superiores", dijo Andrea Senteno, asesora regional de Mexican American Legal Defense y Fondo Educativo.
Senteno dijo que aunque cree que la decisión del juez es errónea, la conclusión del fallo del miércoles sigue siendo la siguiente: la vía legislativa es la única manera de resolver este problema.
"El Congreso ha abandonado su responsabilidad ante el público de considerar y promulgar una legislación que proporcione un camino hacia la ciudadanía para los titulares de DACA y otros", dijo.
"A merced de los tribunales"
Areli Hernández es una de los más de 580.000 titulares actuales de DACA. Originaria de México, fue traída a Estados Unidos cuando tenía 5 años. Hernández dijo que la decisión del juez es "profundamente perturbadora".
"Los inmigrantes con DACA tienen que vivir con la falta de permanencia y la decisión de ayer nos deja ver que está a merced de los tribunales", dijo.
Hernández trabaja para un grupo de defensa de la inmigración mientras lidia con su propia situación migratoria. Los titulares de DACA trabajan legalmente en EEUU.
"Soy titular de DACA. Mi familia está aquí, mi corazón está aquí, mi hogar está aquí. Como yo, hay más de medio millón de personas que son titulares de DACA y hemos echado raíces profundas junto con nuestras familias y comunidad inmigrante" en Estados Unidos, explicó Hernández.
En la orden de 50 páginas, el juez Hanen escribió: "Aunque simpatiza con la situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este tribunal ha expresado sus preocupaciones sobre la legalidad del programa desde hace algún tiempo".
"La solución a estas deficiencias recae en la legislatura, no en los poderes ejecutivo o judicial. El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar una legislación similar a DACA. El poder ejecutivo no puede usurpar el poder otorgado al Congreso por la Constitución, incluso para llenar un vacío", afirmó.
Esperanza en "mecanismos de control"
Los estados liderados por republicanos quieren ponerle fin al programa DACA, por ello lo han impugnado ante los tribunales.
En 2018, Texas y otros estados liderados por republicanos demandaron al gobierno federal, argumentando que DACA había perjudicado financieramente a los gobiernos estatales porque estaban gastando recursos en educación, atención médica y otros servicios en inmigrantes indocumentados, a quienes se les permitía permanecer en el país.
Los estados replicantes también argumentaron que sólo el Congreso tiene la autoridad para otorgar beneficios de inmigración.
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En una declaración de 2018, el ahora suspendido fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que tenía "la esperanza de que nuestro sistema judicial vuelva a ofrecer una victoria para la soberanía estadounidense y para los mecanismos de control adecuados contra el poder ejecutivo".
Pero Hanen rechazó la solicitud de los estados de poner fin al programa dentro de dos años y dijo que su decisión no obligaba al gobierno a hacer nada contra los beneficiarios de DACA, cuya acepción de ‘Dreamers’ procede de la Ley Dream and Promise o Dream Act, propuesta por primera vez en 2001.
La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes de EEUU en 2021 y 2022, y crearía un camino hacia la residencia permanente para quienes fueron traídos al país en edad infantil. Todavía no ha sido aprobada en el Senado.
La Dream Act se introdujo nuevamente en 2023.
