El gobierno de Biden puede seguir aplicando un programa que permite la entrada en Estados Unidos de un número limitado de migrantes de cuatro países por motivos humanitarios, después de que un juez federal desestimara el viernes un recurso interpuesto por estados con gobiernos republicanos.
El juez federal de distrito Drew B. Tipton dijo que Texas y otros 20 estados no habían demostrado haber sufrido perjuicios económicos a causa del programa de permiso condicional humanitario, que permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30.000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en conjunto. Eso era algo que los estados necesitaban demostrar para tener capacidad legal para presentar la demanda.
“Al llegar a esta conclusión, la Corte no aborda la legalidad del programa”, escribió Tipton.
La eliminación del programa socavaría una política más amplia que pretende animar a los migrantes a utilizar las vías preferidas por el gobierno de Biden para entrar en Estados Unidos o enfrentar duras consecuencias.
Los estados demandantes habían argumentado que el programa los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los migrantes. Un abogado que trabaja para la fiscalía general de Texas en la impugnación del programa ante la corte dijo que éste “creó un sistema de inmigración alterno”.
Los defensores del gobierno federal replicaron que los migrantes admitidos al amparo de esta política ayudaban a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.
La Casa Blanca acogió con satisfacción el fallo.
“La decisión del tribunal de distrito se basa en el éxito de este programa, que ha ampliado las vías legales para los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tienen un patrocinador en este país y pasan nuestro riguroso proceso de investigación, al tiempo que disminuye drásticamente el número de nacionales de esos países que cruzan nuestra frontera suroeste”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández.
La Fiscalía General de Texas no respondió por el momento mensajes enviados en busca de comentarios. Es muy probable que Texas y los otros estados apelen la decisión.
Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido un permiso condicional humanitario y se les ha permitido ingresar a Estados Unidos. Los haitianos han sido por mucho los que más han usado el programa: han llegado 138.000 personas de ese país. Después de ellos se ubican 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.
Los migrantes deben presentar una solicitud en línea, llegar en avión y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. Si se aprueba su ingreso, pueden quedarse dos años y obtener un permiso de trabajo.
El presidente Joe Biden ha hecho un uso sin precedentes de su autoridad para el manejo del permiso condicional humanitario, el cual ha estado vigente desde 1952 y permite a los presidentes dejar entrar a personas por “razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.
Esther Sung, abogada del Justice Action Center, que representaba a siete personas que patrocinaban a inmigrantes como parte del programa, dijo que ansiaba llamar a sus clientes para comunicarles la decisión del tribunal.
“Es un programa popular. La gente quiere recibir a otras personas en este país”, manifestó.
Valerie Laveus, una de las siete personas representadas por el Justice Action Center, apadrinó a su hermano y a su sobrino, que llegaron a Florida en agosto procedentes de Haití, un país que actualmente está inmerso en el conflicto. Están prosperando con una nueva vida, dijo, y su sobrino ha encontrado una nueva normalidad, en la que puede hacer cosas como jugar al baloncesto al aire libre sin tener que preocuparse por su seguridad. Su hermano trabaja en la construcción.
Laveus dijo que está agradecida por el resultado de los tribunales y que las personas que entran en el país a través del programa están contribuyendo a la sociedad.
“Estoy eufórica, no sólo por mi familia, sino por todas las demás familias que siguen esperando”, comentó.
En un juicio celebrado en agosto en Victoria, Texas, Tipton declinó emitir una orden temporal que hubiera suspendido el programa de permisos condicionales humanitarios a nivel nacional. Tipton fue designado por el expresidente Donald Trump, y falló contra el gobierno de Biden en 2022 sobre una orden que determinaba a quién priorizar para deportación.
Algunos estados dijeron que la iniciativa los ha beneficiado. Un migrante nicaragüense admitido en el país a través de ese proceso encontró empleo en una granja del estado de Washington que tenía dificultades para encontrar trabajadores.
Tipton cuestionó cómo era posible que Texas estuviese alegando que tiene pérdidas financieras si la información mostraba que el programa de permisos condicionales humanitarios de hecho redujo el número de migrantes que ingresan a Estados Unidos.
“La Corte tiene ante sí un caso en el que los demandantes alegan que se han visto perjudicados por un programa que en realidad ha reducido sus gastos”, dijo Tipton en la sentencia del viernes.
Cuando el programa entró en vigor, el gobierno de Biden había estado preparándose para poner fin a una política fronteriza de la época de la pandemia de COVID-19 conocida como Título 42, que impedía a los migrantes solicitar asilo en los puertos de ingreso y por la que muchas personas que habían entrado ilegalmente eran expulsadas de manera expedita.
Los proponentes del programa también enfrentaron el escrutinio de Tipton, que cuestionó si el hecho de vivir en la pobreza era suficiente para que los migrantes pudieran ampararse en el programa. Elissa Fudim, una abogada del Departamento de Justicia federal, respondió: “Creo que probablemente no”.
Abogados del gobierno federal y grupos de defensa de los derechos de los migrantes dijeron que, en muchos casos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos también están huyendo de regímenes opresivos, de creciente violencia y de condiciones políticas cada vez más adversas que ponen en riesgo sus vidas.
La demanda no impugnaba el uso del permiso condicional humanitario para decenas de miles de ucranianos que llegaron a Estados Unidos después de que Rusia invadió su país. Se trata de una de las varias impugnaciones jurídicas que el gobierno de Biden ha enfrentado por sus políticas de inmigración.
Los partidarios del programa dijeron que cada caso se revisa individualmente y que algunas personas que habían llegado a las etapas finales del proceso tras llegar a Estados Unidos han sido rechazadas, aunque no facilitaron el número de rechazos que se han dado.
La decisión del viernes “es una clara victoria y la afirmación de que el permiso condicional humanitario es un programa indispensable, necesario y ejemplar del tipo de soluciones inteligentes en las que deberíamos enfocarnos para aliviar la presión en la frontera y modernizar nuestro fallido sistema de inmigración”, dijo Todd Schulte, presidente de la organización de defensa de los derechos de los migrantes FWD.us.
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