Un tribunal de apelaciones suspendió el viernes una importante ley del gobierno del presidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.
La misma corte decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos lo que llegan a Estados Unidos sin autorización desde México.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de EE.UU. falló sobre las dos normas, que son fundamentales para las medidas severas de Trump contra el asilo, un gran revés para el gobierno, aunque sea temporal.
La precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren dijo que la decisión judicial es una "excelente noticia" y que como mandataria ella revertiría la "cruel" política que pone a los solicitantes de asilo en peligro en México.
La pregunta ante los jueces era si se debía permitir que la política entrara en vigor durante los recursos legales en su contra.
El gobierno de Trump ha convertido el asilo en una posibilidad remota en un momento en que han aumentado las peticiones. Para 2017, EE.UU. se había convertido en el principal destino del mundo para las personas en busca de asilo.
La Casa Blanca criticó la decisión judicial, que calificó de "temeraria", y defendió esta medida al considerar que ha sido "un tremendo éxito" que ha permitido a EE.UU. "reducir la carga" que supone para el país la llegada de migrantes que buscan asilo.
El programa 'Permanecer en México' entró en vigor en enero de 2019 y ha permitido que casi 60.000 personas hayan sido expulsadas de suelo estadounidense a la espera de su audiencia. El tribunal declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo se aplica en California y Arizona, los únicos estados fronterizos bajo su jurisdicción.
Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba en su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.
Grupos opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), argumentaron que el gobierno violó la ley estadounidense y las obligaciones adquiridas en tratados internacionales al regresar a personas que probablemente son perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el presidente Bill Clinton, cuestionaron ásperamente a los abogados del gobierno sobre 'Permanecer en México' durante los argumentos del 1 de octubre. Votaron a favor de bloquearlo.
El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente Ronald Reagan, estuvo en desacuerdo.
Los que apoyan la política 'Permanecer en México' señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.
