Un juez de Estados Unidos dictaminó el martes que una regla de la era del COVID-19 utilizada para expulsar a cientos de miles de migrantes a México, conocida como Título 42, era ilegal, un fallo que podría tener importantes implicaciones para la gestión fronteriza de EEUU.
En una opinión de 49 páginas, el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Emmet Sullivan, dijo que la política era "arbitraria y caprichosa" y violaba la ley regulatoria federal.
La orden conocida como Título 42 se implementó bajo la administración del entonces presidente Donald Trump en marzo de 2020 a principios de la pandemia de coronavirus. El presidente Joe Biden siguió usando la medida después de asumir el cargo, expulsando a los inmigrantes unas 2 millones de veces, aunque muchos cruzaron repetidamente.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) emitieron la orden, pero más tarde, bajo la dirección de Biden, dijeron que ya no era necesaria por razones de salud.
Sin embargo, un juez federal con sede en Luisiana dictaminó en mayo que la administración de Biden no podía ponerle fin.
Sullivan, del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, escribió que la política era "arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo" en el dictamen de un caso presentado por familias solicitantes de asilo.
Una medida desigual
La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite permanecer en su territorio. México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos.
La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) a nombre de solicitantes de asilo. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que la decisión de Sullivan invalida el fallo en Luisiana.
“Esta es una enorme victoria para los solicitantes de asilo desesperados a quienes se les ha prohibido siquiera obtener una audiencia debido al uso indebido de las leyes públicas”, declaró Gelernt. “Con suerte este fallo pondrá fin a este horrendo periodo de la historia de Estados Unidos en el que dejamos de lado nuestro compromiso solemne a brindar refugio a aquellos que son perseguidos”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios por parte de AP.
[Con información de Reuters y The Associated Press]
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