Un juez federal dijo el viernes que podría tomar una decisión a mediados de la próxima semana sobre un pedido para ordenar al Gobierno de Estados Unidos reunir a miles de niños inmigrantes que fueron separados de sus padres después de ingresar ilegalmente al país a través de la frontera con México.
Si bien el presidente Donald Trump cedió el miércoles a la presión política y promulgó un decreto para terminar con las separaciones, el Gobierno ha guardado silencio sobre los planes para reunir a los padres con sus hijos.
Más de 2.300 niños han sido separados de sus familias desde que el Gobierno comenzó la política de “cero tolerancia” sobre el ingreso ilegal a inicios de mayo.
En una audiencia judicial el viernes, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presionó en San Diego al juez de Distrito Dana Sabraw para que emitiera una orden el viernes y obligara al Gobierno a que comience a reunir a las familias.
“Los padres no pueden encontrar a sus hijos, ni siquiera pueden hablar con sus hijos. Es una crisis humanitaria”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en la audiencia del viernes.
El abogado pidió al juez ordenar que el Gobierno reúna a todos los niños con sus familias en 30 días, y en cinco días a los menores de cinco años. Además solicitó una medida judicial para impedir las separaciones.
Algunos expertos legales han dicho que las excepciones en el decreto del miércoles podrían permitir que se mantengan las separaciones.
El Gobierno ha dicho en documentos de la corte que la separación de los niños es una consecuencia de la detención legal de sus padres.
La ACLU presentó el caso en febrero alegando que el Gobierno no respetó el derecho al debido proceso a dos mujeres sin identificar, una de Brasil y otra de la República Democrática del Congo, cuando se les quitó a sus hijos.
Sabraw declinó realizar un dictamen en la audiencia sin más informaciones y sugirió que la ACLU entregue más detalles sobre los procedimientos para reunir a los padres e hijos.
El juez de distrito le dijo a la ACLU que entregue dichos documentos el lunes por la mañana y ordenó al Gobierno a responder antes de la tarde del miércoles.
“Me esforzaré por emitir un dictamen poco después de recibir los informes”, aseguró.
