Un juez federal bloqueó el miércoles las políticas de la administración de Trump que impedían que los inmigrantes que han sufrido violencia de pandillas o abuso doméstico en sus países de origen soliciten asilo.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Emmet Sullivan, declaró que parte de la directiva que el entonces fiscal general Jeff Sessions emitió este año no puede usarse para determinar si un inmigrante tiene un temor creíble de persecución o tortura en sus países de origen, el primer paso para solicitar asilo en Estados Unidos.
El juez dijo que la política de la administración sobre los solicitantes de asilo viola la ley federal de inmigración y que "es la voluntad del Congreso, no los caprichos del ejecutivo" lo que establece los estándares para la remoción acelerada.
Fue otro golpe legal para los esfuerzos del presidente Donald Trump por endurecer las políticas de inmigración sin que el Congreso cambie las leyes.
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Entretanto, un juez federal en San Francisco extendió el miércoles su decisión impidiendo que la administración de Trump impusiera una prohibición de asilo para cualquier inmigrante que cruzara ilegalmente la frontera de los Estados Unidos y México.
El juez Jon Tigar falló a favor de mantener en suspenso la prohibición en espera del resultado de una demanda que la impugnó. El caso podría tardar meses en resolverse. Anteriormente había bloqueado la prohibición durante 30 días.
La prohibición entra en conflicto con una ley de inmigración que dice que los inmigrantes pueden solicitar asilo independientemente de cómo ingresen a EE.UU., dijo Tigar.
La administración ha pedido a la Corte Suprema que permita que la política de asilo siga adelante.
En Wasington, en respuesta a la decisión de Sullivan, un portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford, dijo que la directiva de Sessions había seguido los requisitos para el asilo según la ley de EE.UU.
"Estamos revisando nuestras opciones con respecto a este fallo, y continuaremos restaurando el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración", dijo.
Los funcionarios de la administración Trump dicen que el proceso de asilo está siendo explotado por inmigrantes que cuentan con pasar la evaluación inicial de temor creíble y ser liberados en el país. Solo alrededor del 9 por ciento de todas las personas que inicialmente solicitan asilo lo reciben, y decenas de miles de familias de América Central vienen a EE.UU. cada mes.
El cambio en la política de inmigración tuvo un impacto inmediato.
Los abogados de inmigración dicen que las personas que ellos esperaban que pasaran pruebas de temor creíble comenzaron a fallarles, y los abogados dicen que los jueces de inmigración están negando más apelaciones, poniendo fin efectivamente antes de comenzar, a lo que podría haber sido un proceso de asilo de un año de duración.
Pero los funcionarios de la administración Trump también dicen que la cantidad de personas que afirman tener un miedo creíble ha aumentado dramáticamente.
El asilo puede ser otorgado a las personas que fueron perseguidas en su país de origen o podrían ser perseguidas si se las obliga a regresar.
Miles de personas buscan asilo cada mes en las estaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. a lo largo de la frontera suroeste.
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La Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés) demandó al gobierno por el cambio realizado el 11 de junio en nombre de 12 padres e hijos que, erróneamente, se determinó que no tenían un temor creíble de retorno. El fallo de Sullivan afecta a miles de casos en que los inmigrantes se encuentran en un proceso de expulsión acelerado.
Entre los demandantes se encontraba una mujer identificada solo por un seudónimo, Grace. La ACLU dijo que la pareja de Grace la golpeó a ella y a sus hijos, y la agredió sexualmente a ella y a su hija. Una vez, dice la ACLU, la hija sufrió un aborto espontáneo luego de que él la atacara. La demanda dice que la policía no actuó cuando ella los contactó. La demanda dice que se determinó que Grace no tenía un temor creíble de persecución.
El juez también ordenó al gobierno que retorne a Estados Unidos a cualquiera de los demandantes que pueden haber sido deportados, y evitar otras deportaciones.
"Este fallo es una derrota para el asalto total del gobierno de Trump a los derechos de los solicitantes de asilo. El intento del gobierno de eliminar las protecciones de asilo es ilegal e inconsistente con el compromiso de nuestro país de brindar protección a los inmigrantes que huyen de sus vidas", dijo Jennifer Chang Newell, abogado gerente del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso.
