SAN SALVADOR – Enfrentarse al riesgo de perder la libertad o la vida ha llevado a que jueces y fiscales de El Salvador, Guatemala y Honduras hayan decidido abandonar sus países de origen y refugiarse en otros donde puedan empezar de cero.
Hace un año y medio Juan Francisco Sandoval aún era el fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Hoy vive en Washington, la capital estadounidense, donde llegó sin trabajo ni saber hablar inglés. Pese a su exilio, el gobierno de Guatemala continúa reclamándolo.
“Ellos consideraron un error haber permitido mi salida porque si me tuvieran detenido, yo no tuviera la ventana que me ha dado estar fuera para hablar”, dijo en una entrevista con la Voz de América.
Sandoval tiene cuatro órdenes de captura y una solicitud de extradición aprobadas por un juez de Guatemala. En el país centroamericano se le acusa de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, así como de tráfico de influencias cuando ejercía el cargo de fiscal.
Pero las condiciones en las que salió de su país —sin despedirse de su familia y con lo que tenía a la mano— pusieron en alerta a la comunidad internacional sobre lo que hoy aseguran es un “retroceso” en el estado de derecho en Guatemala.
"Excolegas y mi propia familia me recomendaron irme. 'Si te están buscando, el primer lugar en el que van a tratar de ubicarte es tu casa', me dijeron. Por esa razón salí solo con la ropa que tenía puesta. Mis compañeros y mis amigos me compraron ropa luego", agregó Sandoval.
Ana María Dardón, directora para Centroamérica en la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que hay una “cacería” de juristas en Guatemala. “Hay una ola de criminalización y de ataques a operadores de justicia”, dijo a la Voz de América.
Según Dardón, 35 guatemaltecos se encuentran en el exilio, incluida la exfiscal general Thelma Aldana, asilada en Estados Unidos desde hace tres años y sobre quien pesan tres órdenes de captura de las autoridades de Guatemala.
Un caso similar fue el de la exjueza Erika Aifán, quien tras ser galardonada por Estados Unidos con el premio “Mujer Coraje” por su papel en casos de financiamiento electoral ilícito y narcotráfico, renunció y huyó.
Lo mismo ha sido del exjuez Miguel Ángel Gálvez, conocido en Guatemala por enviar a juicio al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Gálvez renunció a su cargo desde el exilio a finales del 2022.
Los exiliados de El Salvador
La primera plenaria del Congreso de El Salvador el 1 de mayo de 2021 fue una pesadilla para muchos: la mayoría de los diputados acordaron destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuyo periodo llegaba hasta 2027.
Rodolfo González fue uno de los juristas destituidos. Un año y medio después, el exmagistrado le confirmó a la Voz de América que se encuentra en el exilio.
González, conocido como uno de “los cuatro fantásticos”, por abrir expedientes militares de la época del conflicto armado en El Salvador, fue una de las voces más criticas contra lo que consideró un “golpe” al poder judicial de ese país.
Otro de los casos de exilio más conocidos en el país centroamericano es el de la abogada y defensora de derechos humanos Bertha María Deleón.
Deleón fue abogada del presidente salvadoreño Nayib Bukele y luego candidata política opositora. A finales de 2021, decidió exiliarse junto con su hija en México. El hecho se conoció después que la Fiscalía de El Salvador la acusó de privación de libertad y maltrato infantil.
“Decidí no regresar al país sobre todo por la amenaza concreta de ser privada de libertad por acusaciones penales absurdas, varias provenientes de seguidores o personas allegadas a Nayib Bukele. Decidí no volver porque si bien nuestro sistema de justicia históricamente ha sido frágil, desde el 1 de mayo de 2021 no hay garantías juidiciales”, sostuvo en un comunicado publicado el 8 de marzo de 2022.
Deleón se convirtió en una portavoz de lo que llamó medidas autoritarias en el gobierno de Bukele. Hoy se encuentra en el exilio con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, Germán Arriaza, quien encabezó la unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general en El Salvador, dijo que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2019 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido gobernante Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero.
![ARCHIVO - Esta fotografía muestra las cicatrices de un tatuaje borrado en una persona identificada por las autoridades salvadoreñas como miembro de una pandilla. [Foto: Cortesía del gobierno de El Salvador]](https://gdb.voanews.com/b77f9844-ce9d-4a62-b5c6-0dcf32413eae_cx0_cy8_cw0_w100_r1.jpg)
En una entrevista con la agencia Reuters, el exfiscal confirmó que decidió exiliarse horas después de que el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, le prohibiera acceder a su oficina y a su computadora. Arriaza fue fiscal durante 18 años en El Salvador.
El caso de Honduras
La era de Xiomara Castro al frente de la presidencia de Honduras trajo consigo el retorno de Ramón Sabillón, quien fue director de la Policía.
En 2014, Sabillón huyó del país centroamericano tras ordenar la capturar a los hermanos Valle Valle, señalados por Estados Unidos como narcotraficantes.
Esa captura lo llevó al exilio en Costa Rica y luego en Estados Unidos, tras ser destituido por el expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en EEUU donde fue extraditado por cargos de narcotráfico.
Hoy, Sabillón es el ministro de la Secretaría de Seguridad de Honduras.
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