En el marco de la tercera jornada de audiencias ante un panel de expertos en la Organización de Estados Americanos sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, padres de jóvenes asesinados clamaron justicia y denunciaron el accionar del gobierno de Nicolás Maduro.
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“En Venezuela es política de estado encubrir los asesinatos y a los que violan los derechos humanos. Por eso estamos aquí clamando justicia por mi hijo y por otros muchachos cuyo único pecado fue pensar diferente”, dijo ante el panel de expertos la madre de Juan Pablo Pernalete asesinado durante una manifestación el 26 de abril de este año.
Un panel de expertos independientes realizan estas audiencias para recopilar evidencias y escuchar testimonios de víctimas de la crisis social, política y económica que se vive en Venezuela para evaluar si se puede presentar una denuncia oficial contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
El panel de expertos está compuesto por el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles (Costa Rica), el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón (Argentina); y el presidente del Centro de Derechos Humanos Raoul Wallenberg, ex ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá Irwin Cotler.
En la primera ronda de esta tercera jornada participaron los padres de Fabián Urbina y Juan Pablo Pernalete asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, según pruebas que presentaron los padres.
“Juan Pablo era nuestro único hijo. Nos quitaron nuestras alegrías y nuestros planes. Nosotros estamos muertos en vida. Hoy en Venezuela hay muchas madres y padres que lloran a sus hijos porque están muertos o están encarcelados por defender sus ideales”, señaló el padre de Juan Pablo Pernalete.
Del mismo modo llevando una foto de su hijo el padre del joven Urbina también ofreció su testimonio. También formaron del primer grupo de personas que ofrecieron testimonio el doctor Jorge Simon y Federica Avila, miembros de la Cruz Verde, un grupo de médicos y estudiantes de medicina que ofrecen asistencia médica en el campo donde se producen los enfrentamientos entre la policía y funcionarios venezolanos con civiles.
“Nosotros somos un grupo que ofrecemos nuestros servicios a todos por igual. Tanto a un joven estudiante como a un miembro de la Guardia Nacional. Sólo respondemos a una necesidad que vimos en el campo y que puede hacer la diferencia al poder salvarle la vida a alguien”,señaló al inicio de su alocución, Federica Avila, estudiante de medicina y miembro activo de Cruz Verde.
Ellos mostraron a los panelistas con fotos y exámenes médicos las distintas situaciones médicas que han debido de atender, el tipo de heridas que reciben los manifestantes y el tipo de armas que se emplean en las calles de Venezuela.
Por la tarde, rindieron testimonio el exfiscal de Venezuela, Franklin Nieves, ex alcaldes de distintos municipios destituidos e inhabilitados por no impedir las manifestaciones contra el gobierno, entre ellos Diego Bautista Urbaneja, Gustavo Marcano, Ramón Muchacho, y el diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila.
FRANKLIN NIEVES, ex fiscal del Ministerio Público de Venezuela habló de cómo las órdenes de inhabilitación contra dirigentes opositores como Leopoldo lópez, Carlos Vecchio y otros vinieron directamente del presidente Nicolás Maduro, y de la persecución habitual del gobierno contra los opositores, gobernadores, alcaldes, concejales, etc.
“Cualquier dirigente político que esté opuesto al régimen es perseguido penalmente”, dijo, y señaló que muchos son encarcelado bajo condiciones que violan los derechos humanos. “Es mejor estar muerto que estar en una cárcel en venezuela”, añadió.
Habló del caso de Wilmer Azuaje, diputado del estado Barinas en la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, quien fue detenido por cargos falsos en 2010 y está detenido en la sede de la Policía Política (SEBIN) donde duerme en un baño y lo mantienen esposado.
Nieves mencionó también el caso del diputado y vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, recientemente inhabilitado como parte de lo que llamó “los juegos políticos del régimen, que usan para perseguir a todas las personas políticas o civiles para que “no sigan su lucha por la libertad”.
El ex fiscal instó a sus compañeros del Ministerio Público y a los jueces a dejar el miedo y actuar y tratar de ser objetivos con las investigaciones de las órdenes judiciales que “la policía pide sin ningún tipo de fundamentación”.
Nieves expresó su esperanza de que “Llegará el día en que la injusticia tenga que verse cara a cara con la justicia” en Venezuela.
GUSTAVO MARCANO, alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui, presentó un video de la persecución sufrida por él y otros alcaldes. Denunció que fue sentenciado en julio de este año por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por medio de un “procedimiento inexistente en el ordenamiento jurídico del país, donde no le permitieron ver sus cargos, presentar pruebas y fue juzgado y sentenciado en una sola instancia en la Sala Constitucional, violando el debido proceso y el derecho a la defensa de los derechos humanos fundamentales de cualquier ciudadano.
Dijo Marcano que el TSJ es el brazo ejecutor del régimen. Afirmó que todos los alcaldes perseguidos y sentenciados son funcionarios elegidos democráticamente castigados por negarse a acatar las órdenes del TSJ de prohibir las manifestaciones antigubernamentales en sus ciudades en violación a la constitución.
Nombrando a todos los alcaldes destituidos, perseguidos, inhabilitados y presos, Marcano afirmó que la acusación y el procedimiento irregular se usó con todos los 12 funcionarios solo cambiando el nombre y el número de cédula de identidad. Dijo que la táctica comenzó en 2014 con funcionarios municipales que todavía están presos.
De los alcaldes recientemente inhabilitados y perseguidos, señaló que la mayoría pudo burlar a la policía política y “por los caminos verdes” salir del país pese a la intensa búsqueda, pero otros siguen presos por más de dos y tres años pese a haber sido sentenciados a 15 meses de cárcel, y se está pidiendo su liberación.
Dijo que el gobierno lleva a cabo “un ataque sistemático y generalizado contra el liderazgo que está más cerca del ciudadano y de los problemas de la gente, como son los alcaldes y el poder público municipal”, así como contra el liderazgo emergente del país.
Habló también de casos de políticos conocidos y de ciudadanos comunes detenidos en condiciones inhumanas por orden de “la dictadura” de Nicolás Maduro, imputados por varios delitos pero que no han sido procesados, así como el caso del líder opositor de Apure, Carlos Andrés García, detenido y encarcelado varios meses en la cárcel del SEBIN, quien murió por falta de atención médica.
Marcano denunció como un nuevo mecanismo de persecución la manipulación electoral para desconocer la voluntad popular, como sucedió en las pasadas elecciones de gobernador que calificó de “absolutamente irregulares y sin transparencia”, y de “una trampa electoral”, donde los ganadores de la oposición a pesar de haber vencido con votos sus triunfos no fueron reconocidos, y a uno de ellos por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente fue destituido.
“El régimen quiere aniquilar todo liderazgo alternativo o emergente que pueda significar una amenaza electoral”, dijo.
Señaló que el caso más grave de la nueva forma de persecución del régimen es utilizar a los presos políticos como rehenes de la dictadura a cambio de cuya libertad se coloca restricciones o se les pide declaraciones inculpando a líderes de la Unidad Democrática o exigiéndoles un comportamiento dirigido, como dándoles libertad condicional o relativa a cambio de condiciones que violan los derechos humanos fundamentales.
Marcano pidió que se presente formalmente el informe y que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en nombre de los venezolanos, denuncie ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por delitos de lesa humanidad, junto con todos su ejecutores que son las agencias del gobierno, el vicepresidente, la fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. “La dictadura venezolana ya no tiene ningún tipo de vestigio democrático”, afirmó.
El alcalde Marcano dijo que la persecución se extiende incluso a las familias de los políticos opositores y a los ciudadanos comunes que se atreven a criticar al régimen. Dijo que la nueva ley contra el odio solo legaliza la prohibición de hablar ytodos los delitos contra la libre expresión.
En respuesta a una pregunta de los expertos dijo que al igual que otros alcaldes tuvo que huir del país, en su caso por el Mar Caribe “arriesgando la vida” como muchos otros, y sorteando miles de obstáculos para sacar a sus familias.
RAMON MUCHACHO, alcalde del municipio chacao de Caracas, también ilustró con un video su caso y las agresiones en su contra y la de otros alcaldes por parte del régimen.
Dijo que su municipio es el más emblemático del país. Él fue condenado el 8 de agosto por el TSJ siguiendo órdenes de Nicolás Maduro, destituido ilegalmente, suspendido de sus funciones como alcalde, se ordenó su captura por parte del SEBIN, fue inhabilitado y se emitió una orden de captura internacional a INTERPOL. Adicionalmente, el TSJ,j luego de sentenciarlo en la Sala Constitucional ordenó que su expediente sea remitido a la nueva Comisión de la Verdad, constituida por la ANC.
Muchacho dijo que fue condenado por hacer su trabajo, que él y su familia fueron amenazados, y que le retiraron el pasaporte luego de regresar de un viaje a Perú y Chile donde se reunió con los presidentes de esos países, en lo que llamó una práctica extendida del gobierno. Indicó que también a su esposa le retiraron el pasaporte.
“Ni la familia que es sagrada está a salvo en Venezuela”, señaló.
Habló de las amenazas que recibió, incluso llamadas del Ministro de Justicia, Néstor Reverol para use a la policía de Chacao para impedir las manifestaciones en su municipio, lo que dijo no acató porque indicó que las policias de municipios no están capacitadas para controlar manifestaciones públicas. Dijo que 14 policías e incluso supervisores de la policía de Chacao están presos, acusados sin fundamento por el homicidio de un ciudadano vinculado al canal del estado en una protesta. Fueron detenidos cuando acudieron a presentarse a juicio, y siguen presos pese a que el Ministerio Público expidió boletas de excarcelación hace más de un año.
Al igual que los anteriores alcaldes denunciantes, Muchacho dijo que el gobierno usa este tipo de persecución desde hace mucho tiempo, 2004 citó, sometiendo a la gente a juicios express, donde se viola el derecho a la defensa y los principios legales y donde los procedimientos están plagados de irregularidades.
“No fueron juzgados por jueces naturales sino por uno de la sala constitucional, no pudieron ver expedientes ni experticias que se presentaron en su contra”, explicó.
En respuesta a una pregunta de los expertos, el alcalde Muchacho dijo que “en Venezuela hoy lamentablemente no hay posibilidades de una salida electoral o constitucional”. Indicó que “las opciones como la elección presidencial, el referéndum revocatorio, la renuncia o el enjuiciamiento no existen en venezuela”.
Dijo que los venezolanos no tienen capacidad de cambiar un gobierno que tiene las armas, que es “un gobierno de fuerza” que está dispuesto a usarlas para reprimir “hasta las últimas”. En consecuencia, señaló, “necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, de la OEA, de las organizaciones internacionales, y otros como el Grupo de Lima, y pidió que todas las opciones se pongan sobre la mesa:“diplomacia, sanciones, coerción, todas, porque pensando solo en el número de venezolanos que mueren en las vidas que se pierden, de todos los escenarios posibles, en Venezuela el que más muertes causa es Nicolás Maduro en el poder”.
“Incluso con la opción militar no va a haber más muertes que con Maduro en el poder”, concluyó el alcalde Muchacho.
WILLIAM DAVILA, diputado opositor de la Asamblea Nacional para el estado Mérida, denunció que el TSJ ha emitido 80 sentencias contra los diputados democráticamente elegidos. Dijo que de las 15 leyes que aprobaron 11 fueron declaradas inconstitucionales por el ente judicial.
Señaló que el proceso de erosión de la AN se inició desde que ganaron, siendo víctimas de persecución y asedio por parte de la Policia Nacional Boliviariana y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Dávila destacó los diferentes patrones que usa el régimen de Nicolás Maduro para la persecusión de los opositores políticos o civiles, enumeró las detenciones ilegales, la privación de libertad, agresiones verbales y físicas a los diputados electos, el retiro de pasaportes, las acusaciones de traición a la patria y los intentos del gobierno para
incrementar el tiempo de encarcelamiento para los crímenes de los que acusa a los perseguidos.
“El gobierno viola constantemente los derechos humanos de los individuos y sistemáticamente los de los adversarios políticos”, dijo el diputado Dávila.
Esta tercera jornada en la OEA coincide con la denuncia que presentó la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ante la Corte Penal Internacional en La Haya este jueves en la que pide orden de captura para Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
