Iowa defendió su nueva ley de inmigración y argumentó que la capacidad del estado para presentar cargos penales no infringía la autoridad federal sobre la inmigración porque los funcionarios locales cumplirían con todas las regulaciones federales.
Abogados del Departamento de Justicia federal y una coalición de grupos de derechos civiles han solicitado una suspensión temporal o permanente de la ley, que entrará en vigor el 1 de julio a menos que sea bloqueada por los tribunales. La ley es similar a una en Texas, que ha sido bloqueada temporalmente, y otra en Oklahoma, que el gobierno federal está tratando de detener.
El juez de la Corte de Distrito federal Stephen Locher dijo que haría todo lo que pudiera para fallar rápidamente sobre la solicitud del interdicto. Locher señaló la posibilidad de que su fallo fuera apelado, al cual describió como el “primer paso en este viaje”.
La ley de Iowa permitiría presentar cargos penales contra personas que tienen órdenes de deportación pendientes o que anteriormente han sido expulsadas o a las que se les ha negado la entrada a Estados Unidos.
Una vez bajo custodia, los migrantes podrían aceptar una orden del juez para salir de Estados Unidos o ser procesados, enfrentando la posibilidad de pasar tiempo en prisión antes de la deportación.
Patrick Valencia, subprocurador general de Iowa, le dijo al juez que la ley del estado no establecería nuevas reglas de inmigración, sino que sólo permitiría que la policía estatal y los tribunales aplicaran la ley federal.
“Tenemos una ley que adopta el estándar federal”, dijo Valencia.
Los abogados que solicitan el interdicto argumentan que la ley de Iowa sin duda viola la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre los asuntos de inmigración.
“Claramente es una responsabilidad federal”, dijo Christopher Eiswerth, un abogado del Departamento de Justicia.
Eiswerth y Emma Winger, que representan al Consejo Estadounidense de Inmigración, dijeron que la ley estatal no hace excepciones para personas que han sido deportadas antes pero que ahora están en el país legalmente, como aquellos que buscan asilo.
Valencia negó eso, y afirmó que si alguien está legalmente en Iowa bajo las reglas federales, el estado no los procesará.
La ley es similar pero menos extensa que una ley de Texas, que estuvo en vigor sólo unas pocas horas en marzo antes de que fuera suspendida por un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones.
Algunos funcionarios policiales y juristas han dicho que hay preguntas sin respuesta sobre cómo se implementaría la ley en Iowa, ya que la aplicación de la ley de inmigración históricamente ha recaído en el gobierno federal y es un proceso binacional.
En documentos judiciales, el estado dijo que la policía contactaría al gobierno federal para determinar el estatus migratorio de una persona, ya que Iowa “no mantiene una base de datos de inmigración independiente”.
Corresponde a las autoridades federales determinar si la persona está violando la ley federal, argumentó el estado. Si ese es el caso, el estado dijo que la persona también estaría violando la ley de Iowa.
La demanda federal alega que Iowa interfiere con el proceso de deportación y con las relaciones exteriores al ordenar a alguien que se vaya, pero Iowa dijo que la ley —SF2340— sólo permite que los funcionarios de Iowa lleven a los migrantes “a los oficiales de inmigración federales en uno de los puertos de entrada de Iowa”.
“Según la SF2340, los funcionarios federales retienen su discreción para ofrecer asilo u otro alivio de remoción en los puertos de entrada de Estados Unidos”, argumentó el estado, y agregó que el gobierno federal aún decidiría a dónde deberían ser enviadas las personas si son deportadas de Iowa.
Afuera de la audiencia, más de 100 personas sostuvieron carteles y escucharon breves discursos en español e inglés que se oponían a la nueva ley y llamaban a las personas a cuidarse mutuamente.
Erica Johnson, directora ejecutiva de Iowa Migrant Move for Justice, dijo que el país necesita un sistema de inmigración funcional, pero que la ley de Iowa empeora las cosas.
“Es inoperante. Está creando miedo y difundiendo desinformación en las comunidades de inmigrantes de nuestro estado”, dijo Johnson. “Los partidarios de la ley dicen que la aprobaron porque estaban cansados de cómo el gobierno federal estaba manejando la inmigración, pero esta ley no es una solución a eso”.
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