La orden de un juez de investigar a periodistas y columnistas guatemaltecos que trabajan -o trabajaban- en el diario El Periódico, a solicitud de la fiscalía, "es una forma más de tratar de silenciar a la prensa independiente", en especial a los comunicadores que han sido críticos con el gobierno de Alejandro Giammattei, asegura Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto de impacto global y estrategia del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
En entrevista con la Voz de América, Botello indica que se han incrementado los ataques contra los periodistas en Guatemala, iniciados con la detención del presidente del diario, José Rubén Zamora, y que continuó con la detención de la directora administrativa, además del allanamiento a las oficinas.
Botello enfatiza en una tendencia a cerrar espacios públicos, de la prensa libre e independiente y cómo se busca "en este caso, utilizando el sistema judicial, para intimidar a los periodistas para que no sigan haciendo tu trabajo".
"Un libro" de otros países
El vicepresidente adjunto de impacto global y estrategia del ICFJ explicó a la VOA que la estrategia contra los medios en Guatemala es "prácticamente el mismo libro" que se ha utilizado por parte de "otros gobiernos con tendencia autoritaria", e hizo referencia a Venezuela, Nicaragua, Cuba y, "en alguna medida", a El Salvador.
Naciones, donde según él, "los periodistas se convierten en objetivo de los sectores de gobierno que no quieren que la prensa pueda hacer su trabajo de una forma rigurosa, exigiendo rendición de cuenta".
Demandas legales, envío de auditores, armar casos rápidos u obstrucción de la justicia son las herramientas que, según Botello, usan los gobiernos para "enviar un mensaje a toda la prensa de que no van a seguir permitiendo que los periodistas puedan seguir revelando estos casos de corrupción".
Y su mayor preocupación radica en que esta intimidación genera censura y "un efecto congelante" que evitar el "trabajo riguroso de cobertura de las informaciones, sobre todas aquellas de interés público y que involucran a funcionarios de gobierno por temor a ser amenazados", pues a esto se le suma que "no existe una seguridad jurídica para los que ejercen la libertad de expresión y de prensa".
Llamado a la comunidad internacional
El vocero del ICFJ instó a la comunidad internacional a "condenar, a una sola voz, la persecución de periodistas".
"El condenar a los gobiernos, en este caso el de Guatemala, por tomar una actitud que cada vez más empieza a cerrar los espacios públicos de debate. Esto envía un mal mensaje no solamente a sus ciudadanos sino a la comunidad internacional de que en Guatemala no se puede criticar al gobierno", agrega.
Botello también pidió respeto a la libertad de prensa y de expresión, y enfatizó que ningún periodista debe estar amenazado "simplemente por el hecho de hacer su trabajo con rigor y profesionalismo".
En febrero, el juez Jimi Bremer ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas el medio guatemalteco, pues la fiscalía indicó que sus publicaciones sobre el actuar de operadores de justicia podrían ser constitutivas de delitos.
La fiscal Cinthia Monterroso también argumentó que el medio hace publicaciones sobre denuncias, procesos disciplinarios y fallos dudosos de operadores de justicia, incluida ella, lo que llamó una campaña de desprestigio, y que es un trabajo que no pudo realizar solo el ya encarcelado Zamora, sino que debió contar con la colaboración de otras personas, por lo que es necesario investigar la fuente de las publicaciones y el financiamiento de medios de comunicación.
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