En septiembre de 2014, Gilberto Velásquez de 38 años, un pintor de casas de origen salvadoreño recibió la buena noticia de que el gobierno de Estados Unidos bajo las nuevas políticas del presidente Barack Obama había suspendido de manera temporal su orden de deportación.
La decisión respondía al cambio de políticas anunciada por el presidente Obama que da marcha atrás en los casos de deportación de personas quienes pueden demostrar fuertes lazos en EE.UU. y a quienes el gobierno considera que no representan una amenaza a la seguridad pública.
A cambio, el gobierno estadounidense se enfocaría en los inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes serios.
Pero, el mes pasado las cosas cambiaron para el pintor salvadoreño, quien ha vivido de manera ilegal en EE.UU. desde 2005 y tiene un hijo nacido en este país. Velásquez recibió una notificación en la que decía que el gobierno quería poner su caso de deportación nuevamente en el calendario de la corte lo que significa reabrir el caso, citando otros cambios en las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump.
El gobierno de Donald Trump está reabriendo casos de cientos de inmigrantes indocumentados, como Velásquez, quienes tenían la deportación suspendida según datos del gobierno y documentos de la corte revisados por la agencia Reuters y entrevistas a abogados de inmigración.
Trump señaló en enero que planeaba ampliar drásticamente la red de inmigrantes indocumentados que son sujetos a la deportación, pero su administración no ha dado a conocer sus esfuerzos por reabrir los casos de inmigración.
Esta situación representa uno de los primeros ejemplos concretos de la represión prometida por Trump y es probable que agite los temores entre decenas de miles de inmigrantes indocumentados que pensaban que estaban a salvo de la deportación.
Durante el gobierno del presidente Obama también se reabrieron casos de deportación suspendidos, pero fue generalmente solo si el inmigrante había cometido un crimen serio, explican los abogados de inmigración. Por su parte, el gobierno de Trump ha aumentado drásticamente el número de casos que está pidiendo reabrir a los tribunales y sus objetivos parecen incluir al menos algunas personas que no han cometido ningún delito desde que sus casos fueron cerrados.
Entre el primero de marzo y el 31 de mayo, los fiscales han reabierto 1.329 casos, según un análisis reportado por la agencia Reuters con información proveniente de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). El gobierno de Obama registró 430 órdenes similares durante el mismo periodo de tiempo en 2016.
La portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jennifer Elzea, confirm que la agencia estaba ahora presentando peticiones ante los tribunales de inmigración para reabrir casos en que los inmigrantes ilegales "habían sido detenidos o condenados por un delito".
No es posible saber de los datos de EOIR cuántos de los casos que el gobierno de Trump está tratando de reabrir involucran a inmigrantes que cometieron crímenes después de que sus casos fueron cerrados.
Abogados entrevistados por Reuters dijeron que algunos de los casos que han sido reabiertos son porque los inmigrantes fueron arrestados por crímenes serios, pero que también están viendo casos de personas que no han cometido crímenes o que fueron citados por delitos menores como violaciones de tránsito.
"Este es un cambio radical", dijo el abogado David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. "Antes, si alguien hacía algo después de que el caso estuviera cerrado que mostraba que esa persona era una amenaza, entonces se reabriría."Ahora ellos están reabriendo casos porque quieren deportar personas”.
Elzea dijo que la agencia revisa casos para “ver si la base para la discreción del fiscal sigue siendo apropiada ".
