El Gobierno de Estados Unidos no exige que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) verifique los antecedentes con huellas dactilares de los cuidadores en los sitios de emergencia habilitados para albergar a miles de adolescentes inmigrantes.
La decisión ha alarmado a los expertos en bienestar infantil que dicen que la exención compromete la seguridad. Los controles de huellas dactilares del FBI utilizan bases de datos criminales no accesibles al público y pueden detectar a alguien que cambia su nombre o usa una identidad falsa.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que decía que el personal de atención directa y los voluntarios en los nuevos sitios "deben pasar verificaciones de antecedentes penales de registros públicos". Las verificaciones de registros públicos generalmente toman menos tiempo, pero dependen de que el sujeto proporcione información correcta.
La necesidad de agilizar los procesos inmigratorios en el menor tiempo posible en los centros fronterizos ha provocado que el equipo del presidente Joe Biden esté recurriendo a una medida utilizada por administraciones anteriores: campamentos de tiendas de campaña, centros de convenciones y otras grandes instalaciones operadas por contratistas privados y financiadas por HHS. Solo en marzo, la Administración de Biden anunció que abrirá ocho nuevos sitios de emergencia en el suroeste y agregará 15,000 nuevas camas, más del doble del tamaño de su sistema existente.
Estos sitios de emergencia no tienen que estar autorizados por los gobiernos estatales ni deben proporcionar los mismos servicios que las instalaciones permanentes del HHS. También cuestan mucho más, un estimado de 775 dólares por niño al día.
Para dotar de personal a los sitios rápidamente, la Administración Biden ha renunciado a los procedimientos de investigación destinados a proteger a los menores de posibles daños.
El personal y los voluntarios que atienden directamente a los niños en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a controles de huellas dactilares del FBI.
La agencia dice que quienes brindan atención directa son supervisados por empleados federales u otras personas que han pasado verificaciones de antecedentes basadas en huellas dactilares. “En los sitios de admisión de emergencia, el HHS está implementando los estándares de atención que se utilizan para los niños en un entorno de respuesta a emergencias”, dijo la agencia.
Durante la administración del expresidente Donald Trump, el HHS no se aseguró de que se realizaran controles de huellas dactilares del FBI o evaluaciones de bienestar infantil para los trabajadores en un campamento grande en Tornillo, Texas. Una investigación de Associated Press en 2018 también encontró que el personal de otro campamento en Homestead, Florida, no recibió exámenes rutinarios para descartar acusaciones de abuso o negligencia infantil.
El inspector general del HHS advirtió entonces que las verificaciones de huellas dactilares del FBI "brindan una protección única" sobre la mayoría de las verificaciones de antecedentes comerciales que buscan el nombre de una persona.
“Si bien las diversas verificaciones de antecedentes podrían identificar algunas condenas penales o delitos sexuales anteriores, estas verificaciones no fueron tan extensas como las verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI”, manifestó el inspector general.
Laura Nodolf, la fiscal de distrito de Midland, Texas, donde el HHS abrió un sitio de emergencia este mes, dijo que sin los controles de huellas digitales, "realmente no sabemos quién es la persona que brinda atención directa".
"Eso es colocar a los niños bajo el cuidado del HHS en el camino, potencialmente, de un delincuente sexual", advirtió Nodolf. "Están poniendo a estos niños en una posición de convertirse en víctimas potenciales", agregó al respecto.
La doctora Amy Cohen, una psiquiatra infantil que es directora ejecutiva del grupo de defensa de la inmigración Every Last One, señaló que el HHS requiere controles de huellas dactilares de los familiares que buscan acoger niños como parte de un proceso de investigación que toma más de 30 días en promedio.
“No verificar las huellas dactilares del personal de la instalación de primera línea expone a los niños migrantes vulnerables a un peligro significativo de abuso físico y sexual”, dijo.
La Administración de Biden-Harris tiene a 18.000 niños y adolescentes bajo su custodia, una cifra que ha aumentado casi a diario durante las últimas semanas. Si bien Biden continúa expulsando a la mayoría de los adultos y muchas familias que cruzan la frontera, se ha negado a restablecer las expulsiones de niños inmigrantes no acompañados, que cesaron el año pasado después de una orden judicial federal ahora suspendida.
Más de 5.000 jóvenes están bajo custodia fronteriza, muchos de ellos en una tienda de campaña en el sur de Texas con espacio, comida y acceso al aire libre limitados.
