En medio de una llegada récord de migrantes a la frontera entre EE. UU. y México, varios estados de gobiernos republicanos, algunos muy lejanos, están movilizando a efectivos de la Guardia Nacional para enviar a la región por solicitud de los gobernadores de Texas y Arizona, que critican la repuesta de la administración Biden al repunte.
Aunque la cooperación entre las autoridades federales y estatales en asuntos de protección de la frontera e inmigración no es nueva, la escala del esfuerzo planeado desde estados lejanos de la frontera no tiene precedentes.
En las últimas semanas, estados como Arkansas, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin anunciaron planes para enviar tropas de la Guardia Nacional o personal de policía a la frontera con México.
El papel que esas unidades pueden jugar y las funciones que ejerzan están por ver y pudieran ser puntos de conflicto. Expertos legales dijeron a la Voz de América que la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración es “casi exclusiva” del gobierno federal y no es un asunto militar.
"La ley federal establece claramente que los militares no pueden encargarse de ningún tipo de actividad de orden público dentro del territorio de Estados Unidos”, explicó César Cuauhtémoc García Hernández, un profesor de la Facultad de Leyes Mortiz de la Universidad Ohio State, en una entrevista con la VOA.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de desastre el 1 de junio en respuesta al alto volumen de personas que cruzaron la frontera ilegalmente desde México en los meses anteriores. Abbott instruyó a las agencias estatales y los condados fronterizos a levantar barreras adicionales en la frontera y a la policía local y estatal a aumentar los arrestos de inmigrantes no autorizados.
Junto con el gobernador de Arizona, Doug Ducey, Abbott exhortó a otros estados a “proporcionar recursos humanos adicionales en Arizona y Texas para aprehender a más infractores de delitos estatales y federales antes de que puedan causar problemas en comunidades fronterizas y todos los estados de la nación”.
Hernández dijo a la VOA que el Congreso ha establecido un papel limitado y bien definido para las policías estatales y locales cuando trabajen en conjunto con las autoridades federales bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización.
"Pero eso es una relación concreta entre un departamento de policía local y el gobierno federal… Hay un memorando de entendimiento y hay entrenamiento”, añadió.
En una declaración a la VOA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informo que esa agencia tiene viejas relaciones con todos los estados del país y citó un programa en particular. "La Operación Stonegarden es un ejemplo de esto: facilita fondos a las agencias de policía estatales y locales para apoyar la seguridad fronteriza”, argumentó el portavoz.
El Condado de Maverick, en Texas, es una de las jurisdicciones que reciben fondos del gobierno federal bajo ese programa. Según reportes locales, los agentes que trabajan con las autoridades federales para asistir en vigilancia, patrullaje y operaciones para frenar los esfuerzos de tráfico de drogas y migrantes de entrar ilegalmente en EE. UU.
Abogados de inmigración dijeron a la VOA que las operaciones como la del Condado Maverick son diferentes de las que pueden hacer las tropas en la frontera.
"No pueden montar guardia en la frontera o cerca de ella, ni vigilar a las personas que pudieran entrar (ilegalmente) en Estados Unidos sin permiso del gobierno federal”, dijo Hernández.
Así y todo, no es raro el envío de la Guardia Nacional a la frontera. Aunque no se espera que las tropas intercepten inmigrantes, se les podría pedir que participen en otras capacidades en la zona.
Los militares han sido enviados a la frontera “por varias décadas bajo gobiernos republicanos y demócratas”, explicó Hernández. “Si reciben ayuda en algunas labores que hacen regularmente la policía estatal o local, eso los libera para otras cosas. O sea, que es un tipo de beneficio directo o indirecto”.
El simbolismo de involucrar a militares en cualquier acción de orden público sugiere que es una actividad de gran importancia, vital para la seguridad de la nación”
César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de la Universidad Ohio State
Según el Instituto de Política Migratoria, cuando Texas pidió a otros estados el envío de recursos, el gobernador citó una opinión de 1996 de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OCL), que permite a los agentes de policía locales hacer arrestos por “todas las violaciones criminales de inmigración, pero no por violaciones civiles como presencia ilegal en Estados Unidos”.
Las leyes federales prevalecen sobre las opiniones de OLC, pero dejan en claro que las policías locales pudieran detener a migrantes por un corto período de tiempo hasta que los agentes de inmigración lleguen al lugar.
Mientras tanto, la administración Biden está ampliando los recursos federales en la frontera con México. El Pentágono anunció recientemente que emplazará unos 3.000 guardias nacionales hasta el 30 de septiembre de 2022.
Hernández dijo que la militarización de la frontera tiene un efecto práctico y otro simbólico.
"El simbolismo de involucrar a militares en cualquier acción de orden público sugiere que es una actividad de gran importancia, vital para la seguridad de la nación”, señaló. También sugiere que los recursos existentes están “sobrecargados” y necesitan “refuerzos”.
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